El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente en primer término la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el marco de una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses. Horas después, la información fue ratificada oficialmente por la fiscal general Pam Bondi, consolidando el hecho como una acción judicial confirmada del Estado estadounidense.
Trump informó que ambos serán procesados en territorio de Estados Unidos, tras años de investigaciones federales que los señalan como presuntos líderes de una estructura de narcoterrorismo transnacional. La confirmación presidencial fue posteriormente respaldada por el Departamento de Justicia, despejando cualquier duda sobre la veracidad y el alcance legal del procedimiento.
Los cargos: narcoterrorismo, cocaína y armas de guerra
De acuerdo con la acusación formal presentada ante el Distrito Sur de Nueva York, Nicolás Maduro enfrenta cargos por:
Conspiración para el narcoterrorismo
Conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos
Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
Conspiración para la posesión de dichas armas contra EE. UU.
Cilia Flores figura como coacusada por su presunta participación en la estructura criminal, utilizada —según la fiscalía— para facilitar rutas, protección política y encubrimiento institucional.
Bondi: del anuncio político a la ejecución judicial
En su declaración oficial, Pam Bondi agradeció explícitamente a Trump por ordenar y sostener la política de rendición de cuentas, así como a las fuerzas armadas y agencias federales que ejecutaron la operación. Subrayó que los acusados comparecerán ante tribunales federales estadounidenses, donde enfrentarán todo el peso de la ley, con penas que podrían incluir cadena perpetua.
Qué sigue ahora
Con la captura confirmada por el presidente y la fiscal general, el proceso entra en fase judicial activa:
Comparecencia inicial ante un juez federal en Nueva York
Lectura formal de cargos y definición de custodia
Fase probatoria y mociones de la defensa
Juicio federal o acuerdos procesales, según la estrategia legal
La detención de un jefe de Estado en funciones bajo cargos de narcoterrorismo marca un punto de quiebre histórico. El caso redefine la lucha contra el narcotráfico de Estado, envía un mensaje directo a redes aliadas del chavismo y reconfigura el equilibrio político en América Latina.
Trump anunció primero lo que luego el sistema judicial confirmó formalmente: Nicolás Maduro y Cilia Flores están bajo custodia estadounidense y enfrentarán cargos federales por delitos que Washington califica como amenazas directas a la seguridad nacional. El caso abre una nueva etapa en la ofensiva legal de EE. UU. contra el narcoterrorismo transnacional con respaldo estatal.