El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), lanzó una de sus acciones más contundentes contra la cooperación militar entre Irán y Venezuela, sancionando a 10 personas y entidades involucradas en la venta, ensamblaje y operación de drones de combate iraníes en territorio venezolano. Washington acusa a ambos regímenes de una proliferación “agresiva y temeraria” de armamento letal, con impacto directo en la seguridad hemisférica y global.
La medida apunta directamente a la venta de millones de dólares en vehículos aéreos no tripulados (UAV) fabricados por Qods Aviation Industries, un pilar del complejo militar iraní, y transferidos a Venezuela desde hace casi dos décadas. Estos drones —de la serie Mohajer— no solo han sido suministrados, sino ensamblados, mantenidos y operados dentro de Venezuela, bajo supervisión estatal.
El eje venezolano de esta operación es la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), compañía estatal creada en 2020, señalada por negociar directamente con fabricantes iraníes y facilitar la venta de drones Mohajer-6, plataformas de combate con capacidades de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataque. Estos equipos, utilizados por las Fuerzas Armadas venezolanas, han sido rebautizados localmente como ANSU, una maniobra destinada a ocultar su origen iraní.
Al frente de EANSA figura José Jesús Urdaneta González, también sancionado por OFAC. Según el Tesoro, Urdaneta coordinó directamente con miembros de las fuerzas armadas de Irán y Venezuela la producción de drones en el país, actuando como operador clave del engranaje militar binacional. Bajo su gestión, EANSA participó incluso en el ensamblaje del ANSU-100, una versión armada capaz de lanzar bombas guiadas iraníes Qaem, elevando de forma crítica el poder ofensivo del régimen de Nicolás Maduro.
La ofensiva estadounidense no se limita a Caracas. OFAC sancionó además a Mostafa Rostami Sani, Reza Zarepour Taraghi, Bahram Rezaei, Erfan Qaysari y Mehdi Ghaffari, junto con varias empresas iraníes —entre ellas Pardisan Rezvan Shargh, Fanavari Electro Moj Mobin y Kavoshgaran Asman Moj Ghadir— por su rol en la adquisición de químicos estratégicos utilizados en programas de misiles balísticos, incluidos componentes clave como perclorato de sodio, nitrocelulosa y ácidos industriales empleados en propulsión de cohetes.
Estas redes están vinculadas a Parchin Chemical Industries y al conglomerado Rayan Fan Group, estructuras asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), designado por Washington como una de las principales amenazas a la estabilidad regional. El Tesoro subraya que los programas de drones y misiles iraníes amenazan directamente a personal estadounidense y aliado en Medio Oriente, desestabilizan rutas comerciales en el mar Rojo y ahora proyectan ese riesgo hacia el hemisferio occidental.
La acción se ampara en órdenes ejecutivas clave y en el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 2, que ordena cortar el acceso del aparato militar iraní al sistema financiero internacional y frenar cualquier intento de expansión armada a través de terceros países. El mensaje es inequívoco: Venezuela ya no es vista como un socio pasivo, sino como una plataforma activa de proyección militar iraní en América.
Con estas sanciones, todos los bienes y activos de los designados quedan bloqueados en jurisdicción estadounidense, y cualquier institución financiera extranjera que facilite transacciones con estas redes se expone a sanciones secundarias severas. Washington deja claro que el comercio de drones y armas entre Irán y Venezuela no será tolerado y que utilizará todas las herramientas disponibles para desmontar esta alianza.
La cooperación Irán–Venezuela ha cruzado una línea crítica y ha establecido una infraestructura militar real, con drones de combate, misiles y ensamblaje local. Para EE. UU., el eje Teherán–Caracas se consolida como una amenaza directa a la seguridad nacional y regional.