El 9 de noviembre de 2025, Panamá despertó con un escándalo que ya no podía barrerse bajo la alfombra: un remolcador oxidado, con bandera africana y una carga de 13.5 toneladas de cocaína, revelaba no solo una operación de narcotráfico internacional, sino una red de protección institucional tejida desde lo más alto del poder marítimo panameño.
El remolcador, bautizado como Oceanic Tug, fue interceptado a plena luz del día por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) cerca de Isla San José, en el archipiélago de Las Perlas. Lo escoltaban cuatro lanchas menores, utilizadas, según inteligencia, para cargamentos previos en altamar. Al abordar la nave, los agentes no encontraron compartimientos secretos ni sofisticada ingeniería naval. Solo pilas apiladas, casi insolentemente, de 579 paquetes de cocaína de alta pureza.
La tripulación, compuesta por diez hombres de entre 70 y 73 años y de seis nacionalidades distintas, no opuso resistencia. Exhaustos, se entregaron sin protestas. Sus abogados alegaron luego que fueron reclutados bajo amenazas de muerte: «jubilados forzados en manos del crimen organizado».
Lo que realmente sacudió al país, sin embargo, no fue la droga, sino el nombre que figuraba detrás del barco: Pablo E. Torres Chong, uno de los empresarios marítimos más influyentes de Panamá.
Un empresario con historia y poder
Oceanic Tug
El Oceanic Tug no era un barco fantasma. En 2022 fue adquirido por Dolphin Tugs Inc., una empresa fundada en 2019 y presidida por Torres Chong. En 2023 fue transferido a Power H Holding Corporation y luego a Pacific Tug & Barge Operators. Finalmente, en 2024, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) canceló su registro, tras lo cual la nave reapareció bajo la opaca bandera tanzana.
El proceso de traspasos fue supervisado por el bufete Maritime Lawyers Bureau, disuelto sorpresivamente en agosto de 2024, lo que añadió más bruma legal al caso. Aunque Torres Chong asegura haber vendido el barco en marzo de 2023 «con todas las formalidades», la cronología, los intermediarios y su historial de beneficios estatales bajo gobiernos del PRD alimentan otra hipótesis: el barco no se perdió, fue protegido.
Con más de dos décadas en el negocio, Torres Chong es director ejecutivo de Stward Corp., empresa que controla el negocio millonario de suministro de combustible a cruceros (bunkering) en Amador, operación que —según fuentes del sector— gozó de permisos expeditos y privilegios inusuales.
El entramado político
El poder de Torres Chong no se limita al mundo empresarial. Es primo del exdiputado del PRD Ricardo Torres y figura cercana al expresidente Laurentino Cortizo. Su ascenso coincidió con una serie de concesiones marítimas bajo funcionarios como Noriel Araúz (exadministrador de la AMP), Gabriel Carrizo (exvicepresidente) y Freddy Torres de Santiago (operador político).
En 2021, la abogada Helga Ceballos denunció penalmente a la AMP por corrupción, señalando directamente a Torres Chong en supuestas irregularidades administrativas. Entre las más polémicas:
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Ocupación del Muelle 8 del Astillero Balboa.
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Aprobación de licencia marítima tras un derrame de combustible.
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Monopolio del bunkering en Amador, consolidado en 2024.
Incluso el expresidente Ricardo Martinelli lo acusó públicamente: “Pablo ‘El Remolcador’ Torres siempre fue narco. Hay que quitarle todas las concesiones”. Torres negó todo, sin recurrir a demandas legales.
Renuncia bajo presión
Tres días después del decomiso, el 12 de noviembre, Torres Chong renunció «por motivos personales» a su cargo en la junta directiva de la Cámara Marítima de Panamá (CMP). La CMP respondió pidiendo una investigación “objetiva y transparente”, aunque dentro del gremio se percibió la renuncia como un acto de debilidad o una medida preventiva para evitar una expulsión formal.
Mientras tanto, el Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal Julio Villarreal, mantiene la investigación abierta. Por ahora, solo la tripulación ha sido imputada, pero el caso apunta a tres frentes:
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El origen colombiano: laboratorios del Clan del Golfo en Juradó.
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La ruta panameña: usada desde el Golfo de Chiriquí.
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El soporte logístico: historial del barco, propietarios y vínculos con la AMP.
Se evalúan auditorías a las concesiones otorgadas a empresas relacionadas con Torres Chong. El temor de un “efecto dominó” en el sector marítimo panameño —clave para el comercio global— es creciente.
La indignación pública
En redes sociales, el caso desató una ola de indignación: “¿Diez jubilados presos y el dueño del barco dando entrevistas? Panamá tiene dos sistemas de justicia: uno para los pobres y otro para los que mandan”.
El sarcasmo también se hizo viral: “Se vendía remolcador, casi nuevo, solo 13 toneladas de uso”.
Pero la narrativa ciudadana es clara: esto no es solo una historia de narcotráfico. Es un síntoma de un sistema podrido. Uno que permite que embarcaciones comunes se conviertan en autopistas del crimen organizado, amparadas por estructuras de poder político, empresarial y legal.
¿Se atreverá el Estado?
El Oceanic Tug navegó durante años entre papeles, favores, banderas extranjeras y concesiones. Esta vez, no pudo navegar más. Lo que llevaba era demasiado grande para esconder, incluso en un país habituado a la opacidad burocrática.
El caso ya no trata solo de cocaína. Trata de una élite que se creyó intocable. De un país donde el mar une continentes, pero también lava pecados.
Panamá se enfrenta a una decisión histórica: dejar que el oleaje se lleve la verdad… o hundir de una vez por todas el barco de la impunidad.
La investigación apenas comienza. Y si las olas de justicia finalmente llegan, no deberían perdonar a nadie.
Maibort Petit