Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, empresario venezolano de 37 años, pasó en poco más de una década de presentarse como joven promesa del ecosistema fintech latinoamericano a convertirse en acusado federal en Estados Unidos por delitos que incluyen lavado de dinero, fraude bancario, delitos informáticos y apoyo material a una organización terrorista extranjera, según documentos judiciales del Distrito de Nebraska.
Montbrun fue arrestado el 9 de diciembre de 2025 en Omaha, Nebraska, como parte de una acusación sellada que lo identifica como uno de los 23 presuntos integrantes y colaboradores de la red criminal Tren de Aragua, organización designada por EE.UU. como Foreign Terrorist Organization (FTO).
Orígenes y primeros negocios
Nacido el 23 de agosto de 1988, y oriundo de Guatire o La Guaira, Venezuela, Montbrun tuvo una juventud marcada por el deporte —fue atleta de karate— antes de incursionar en el mundo empresarial.
Sus primeros pasos fueron en el sector turístico con Viajes Montbrun y Asociados, una agencia de viajes en Venezuela. Posteriormente, amplió su actividad hacia servicios financieros e inversiones, moviéndose entre Venezuela, Panamá, España y Asia, de acuerdo con registros mercantiles y material corporativo.
En 2017, fundó Montbrun Private Capital, registrada en Singapur y promocionada como una firma de inversiones con enfoque en inteligencia artificial y servicios financieros avanzados.
Shasta: auge y colapso
El proyecto que le dio mayor visibilidad fue Shasta, una plataforma de pagos digitales y criptomonedas lanzada en 2019, que ganó tracción entre usuarios venezolanos en medio de los controles cambiarios y la dolarización informal.
El crecimiento fue rápido, pero también lo fue el colapso. Shasta quedó envuelta en acusaciones de fraude, estafa y lavado de dinero, con denuncias formales en España y cuestionamientos sobre el origen y manejo de los fondos. Usuarios denunciaron pérdidas significativas y falta de transparencia.
En 2022, surgieron versiones no confirmadas sobre una posible detención de Montbrun en Dubái por lavado de dinero, información que nunca fue ratificada oficialmente, pero que contribuyó a su salida del foco público.
Caída personal y perfil bajo en EE.UU.
Tras el colapso de Shasta, Montbrun desapareció del ecosistema fintech. Fuentes cercanas indican que atravesó problemas financieros severos, un divorcio iniciado en 2021 en Florida, y que durante ese período desempeñó trabajos de bajo perfil en Estados Unidos, incluyendo labores de reparto y cuidado personal.
Durante varios años, evitó apariciones públicas y entrevistas, mientras crecían los señalamientos sobre su pasado empresarial.
Reaparición y narrativa de “renacimiento”
En junio de 2025, Montbrun reapareció en redes sociales y eventos digitales con un discurso de reinvención personal, presentando proyectos de educación financiera como:
La Tribu, una comunidad digital con contenidos pagos y gratuitos sobre inversión.
Traderland, un videojuego en fase beta enfocado en aprendizaje de mercados financieros.
En ese momento, habló de “errores”, “aprendizajes” y “resiliencia”, sin mencionar investigaciones judiciales en curso.
La acusación federal
Meses después de su reaparición pública, Montbrun fue arrestado en Nebraska. La acusación federal lo señala como parte de una conspiración criminal transnacional vinculada a Tren de Aragua, dedicada —según la fiscalía— a:
Ataques cibernéticos contra cajeros automáticos (ATM jackpotting)
Fraude bancario y delitos informáticos
Lavado de más de 5,4 millones de dólares
Provisión de apoyo material a una organización terrorista extranjera
El expediente también documenta vínculos financieros indirectos con estructuras asociadas al Cartel de los Soles y contactos con intermediarios ligados al entorno familiar del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, según fuentes con conocimiento del caso. No se imputan cargos directos a dichos familiares.
Situación legal
Montbrun Álvarez enfrenta cargos bajo el Título 18 del Código de Estados Unidos y está sujeto a decomiso total de activos presuntamente obtenidos de forma ilícita. Hasta la fecha, no existe sentencia y mantiene la presunción de inocencia.
Su caso se ha convertido en un ejemplo de cómo emprendimientos fintech, criptomonedas y redes transnacionales pueden converger —según fiscales— con estructuras de crimen organizado y terrorismo, en un contexto de migración criminal y debilitamiento institucional regional.