Estados Unidos tramita el decomiso de avión de PDVSA por violación de las sanciones en Tribunal de Florida, contrabando de bienes y lavado de dinero. La acción tiene que ver con una Demanda de Decomiso In Rem Verificada presentada por la Fiscalía en procura de la confiscación de la aeronave Dassault Falcon 2000EX con número de cola YV3360.
El avión, presuntamente propiedad de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), está sujeto a decomiso por haber sido utilizada en violación de múltiples leyes estadounidenses. Los cargos específicos incluyen violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y las órdenes ejecutivas relacionadas con las sanciones a Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro.
La demanda detalla cómo PDVSA y sus cómplices supuestamente eludieron intencionalmente las sanciones utilizando empresas intermediarias en Costa Rica y España para obtener piezas y servicios de origen estadounidense para el avión, incluso a través de un esquema de sobreprecio para cubrir el riesgo delictivo. La aeronave fue incautada en la República Dominicana mientras se encontraba para mantenimiento.
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La demanda
El gobierno de los Estados Unidos presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una demanda verificada de decomiso in rem para el decomiso de la aeronave Demanda de Decomiso In Rem Verificada0, propiedad decomisable en razón de su papel central en una conspiración multifacética y prolongada liderada por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el régimen de Nicolás Maduro para violar sistemáticamente las sanciones económicas y las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos.
La evidencia central presentada por la fiscalía de Florida demuestra que, después de que PDVSA y el gobierno venezolano fueran sancionados, se orquestó un elaborado esquema para obtener ilegalmente más de USD 1 millón en partes y servicios de origen estadounidense para la aeronave. Esta operación se llevó a cabo utilizando tácticas engañosas, como empresas intermediarias en Costa Rica y España, documentación falsificada y puntos de transbordo para ocultar a Petróleos de Venezuela S.A. como el usuario final real.
La base para el decomiso se fundamenta en cuatro violaciones legales principales:
Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA): violación de las sanciones que prohíben transacciones con PDVSA.
Contrabando de mercancías: exportación fraudulenta de artículos controlados desde los Estados Unidos.
Ley de Reforma del Control de Exportaciones (ECRA): violación de las regulaciones que rigen la exportación de tecnología sensible.
Conspiración para el Lavado de Dinero: uso de transacciones financieras para promover las actividades ilícitas mencionadas.
Un elemento crucial en el caso es la admisión de propiedad por parte del propio gobierno venezolano, que, tras la incautación de la aeronave en la República Dominicana, emitió un comunicado oficial denunciando el «robo flagrante de una aeronave propiedad de la nación venezolana» y confirmando que es una «aeronave de PDVSA».
Contexto de la acción legal
La acción legal es una demanda civil de decomiso in rem, lo que se traduce en que el procedimiento se dirige directamente contra la propiedad —la aeronave— en lugar de contra una persona o entidad.
El avión fue incautado a petición de los Estados Unidos el 6 de febrero de 2025, en Santo Domingo, República Dominicana, donde permanece actualmente.
La solicitud de decomiso se basa en un marco legal y regulatorio diseñado para proteger la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.
Violaciones de Sanciones (IEEPA): desde 2015, múltiples Órdenes Ejecutivas establecieron un régimen de sanciones contra Venezuela.
O.E. 13850 (1 de nov. de 2018): amplió las sanciones al sector petrolero venezolano.
Designación de PDVSA (28 de ene. de 2019): la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a PDVSA como una entidad en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) y prohibió a personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con ella sin una licencia.
O.E. 13884 (5 de ago. de 2019): bloqueó toda la propiedad e intereses en propiedad del Gobierno de Venezuela (que incluye explícitamente a PDVSA) dentro de los Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses.
Violaciones de control de exportaciones (ECRA y EAR): el Departamento de Comercio de EE. UU., a través de las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR), controla la exportación de artículos sensibles.
Los artículos en la Lista de Control de Comercio (CCL) requieren licencias para ser exportados, dependiendo de su destino, uso final y usuario final.
Se prohíbe la exportación de ciertos artículos a un «usuario final militar» venezolano sin licencia.
Desde junio de 2020, se requiere presentar Información Electrónica de Exportación (EEI) para todos los artículos de la CCL destinados a Venezuela, independientemente de su valor.
Contrabando y falsificación de documentos: la ley federal (18 U.S.C. § 554) penaliza la exportación de mercancías de manera fraudulenta o en contravención de las leyes de EE. UU. Esto incluye la presentación de información falsa en los documentos de exportación (EEI).
Conspiración para el Lavado de Dinero: la ley federal (18 U.S.C. § 1956(h)) penaliza la conspiración para realizar transacciones financieras (como transferencias de fondos desde o hacia los Estados Unidos) con la intención de promover una «actividad ilícita especificada», que en este caso incluye las violaciones de IEEPA y las leyes de contrabando.
Cronología y esquema de evasión de sanciones
La demanda detalla una cronología de eventos que demuestra un esfuerzo deliberado y coordinado para eludir las restricciones estadounidenses.
Adquisición y designación de la aeronave
Julio de 2017: PDVSA adquirió la aeronave de una empresa en EE. UU., antes de que se impusieran sanciones directas sobre la compañía petrolera. La aeronave fue exportada a Venezuela sin que se presentara la debida declaración de exportación (EEI).
21 de enero de 2020: la OFAC identificó oficialmente la aeronave como «propiedad bloqueada de PDVSA» y la añadió a la lista SDN. Se señaló que la aeronave había sido utilizada en 2019 por el entonces ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo Fernández (también un SDN), y otros altos funcionarios del régimen, lo que constituía una malversación de los activos de PDVSA.
La conspiración para adquirir partes de EE. UU.
Para mantener su flota operativa, entre ellas la aeronave YV3360, PDVSA estableció un esquema para adquirir partes de origen estadounidense de manera encubierta.
Metodología: el esquema se basaba en el uso de intermediarios y tácticas engañosas para ocultar el destino final de las mercancías.
Intermediarios clave: una empresa en Costa Rica y una en España actuaron como fachadas para comprar las partes en EE. UU.
Tácticas de ocultación: se mintió a los proveedores estadounidenses, se falsificaron declaraciones de aduanas, se fabricaron facturas, se proporcionaron certificados de usuario final falsos y las partes se enviaron a través de terceros países para enmascarar su destino real.
Financiamiento: los conspiradores discutieron la creación de cuentas bancarias en países como Rusia, China o Malasia para procesar los pagos y evitar el escrutinio de los bancos de EE. UU. y Europa, asegurándose de que el nombre de PDVSA no apareciera en ningún documento.
Evidencia de culpabilidad: un ex empleado de PDVSA, George Semerene, se declaró culpable en el Distrito Sur de Florida de conspirar para exportar ilegalmente partes de aeronaves a PDVSA, entre ellas partes para la aeronave YV3360, confirmando los detalles de la operación.
Partes exportadas ilegalmente a la aeronave YV3360
Desde 2020, la aeronave recibió componentes de origen estadounidense controlados, enviados en violación de múltiples leyes.
ComponenteECCNOrigen / FabricaciónDetalles de la evasión y transacciónConjunto de freno9A991.dReparado en el Sur de Florida, EE. UU.Agosto 2020: Costa Rica Company 1 transfirió ~163,294) para cubrir el riesgo.Computadora de gestión de vuelo7A994Producida en Melbourne, Florida, EE. UU.Febrero 2021: reinstalada en la aeronave después de las sanciones. Probablemente fue reparada en EE. UU. antes de su envío. No se obtuvo ninguna licencia de la OFAC o del BIS.Pantallas electrónicas de vuelo7A994Fabricadas en Florida, EE. UU.Agosto 2021 – junio 2022: instaladas en la aeronave. Las últimas direcciones de envío conocidas para estas unidades eran en EE. UU., no en Venezuela. No se obtuvo ninguna licencia para su exportación a PdVSA.
Incautación en la República Dominicana y admisión de propiedad
Eventos que llevaron a la incautación revelaron la continuación del esquema de evasión:
Marzo de 2024: la aeronave voló al Aeropuerto Internacional La Isabela en Santo Domingo para recibir mantenimiento por parte de una empresa operada por una persona estadounidense. El valor de los servicios y partes programados era de aproximadamente USD 369 448.
Intento de ocultamiento: la gestión del mantenimiento fue dirigida por un ciudadano venezolano vinculado al régimen, quien actuaba en nombre de una empresa fantasma de San Vicente y las Granadinas. Esta empresa, que se presentaba como la propietaria, era en realidad un propietario nominal para ocultar la verdadera propiedad de la aeronave por parte del régimen. Las autoridades no encontraron ningún registro de una venta o transferencia de propiedad de PDVSA.
Depósito en efectivo: se realizó un depósito en efectivo de aproximadamente USD 89 400 para iniciar los trabajos.
Comunicado del gobierno venezolano
El 2 de septiembre de 2024, el gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial que, sin darse cuenta, confirmó la acusación central de la demanda de EE. UU. El comunicado, fechado el 7 de febrero de 2025, declara:
“¡Marco Rubio, de mercenario del odio a ladrón de aviones!
“La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante el mundo el robo flagrante de una aeronave propiedad de la nación venezolana, perpetrado por orden del Secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio. Su odio hacia Venezuela lo llevó al crimen, confiscando ilegalmente una aeronave de PDVSA con la complicidad del gobierno cipayo de la República Dominicana.
“Este ataque contra Venezuela demuestra que Rubio no es más que un criminal disfrazado de político, que utiliza su cargo para saquear y despojar a nuestro país de sus bienes. Su odio lo convirtió en un delincuente internacional, capaz de violar cualquier norma con tal de dañar a nuestra patria.
“Venezuela tomará todas las acciones necesarias para denunciar este robo y exigir la devolución inmediata de su aeronave. Marco Rubio pasará a la historia como lo que es: un ladrón y un enemigo declarado de nuestro pueblo.
“Caracas, 7 de febrero de 2025.”
Esta declaración sirve como una admisión directa de que PdVSA es la propietaria de la aeronave YV3360.
Reclamaciones formales de decomiso
Con base en la evidencia presentada, el gobierno de los Estados Unidos establece cuatro reclamaciones formales para justificar el decomiso de la aeronave:
Propiedad derivada de violaciones de IEEPA: la aeronave es producto de violaciones de sanciones, ya que PDVSA conspiró para evadirlas con el fin de obtener bienes y servicios de EE. UU. para su mantenimiento.
Propiedad derivada de contrabando: la aeronave está vinculada a la exportación fraudulenta y consciente de partes controladas desde los Estados Unidos, en violación de las leyes aduaneras y de exportación.
Propiedad vinculada a violaciones de ECRA: la aeronave es un bien que se benefició de la evasión de los controles de exportación sobre tecnología sensible de origen estadounidense.
Propiedad involucrada en conspiración de lavado de dinero: la aeronave estuvo involucrada en una conspiración para transferir fondos desde y hacia los Estados Unidos con el propósito de promover violaciones de IEEPA y las leyes de contrabando.
Orden de decomiso
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió una orden que aborda una moción de ejecución hipotecaria por sentencia en rebeldía presentada por la fiscalía. Esta acción legal, iniciada el 18 de marzo de 2025, involucra un avión Dassault Falcon 900 EX con número de serie 007 y matrícula T7-ESPRT, al que se hace referencia como el «Activo Demandado».
El tribunal confirma que el activo, presuntamente comprado de contrabando en Boca Ratón, está sujeto a decomiso según varios estatutos federales. La orden judicial establece que, dado que se proporcionó la notificación pública y directa requerida a los posibles reclamantes y no se presentaron reclamaciones, se dicta una sentencia en rebeldía a favor de los Estados Unidos.
Como resultado, la aeronave es decomisada y se autoriza a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a incautarla y disponer de ella.
Solicitud de decomiso
La Fiscalía de la Florida presentó ante el tribunal homónimo, una moción para una Orden de Decomiso por Sentencia en Rebeldía. Esta acción in rem busca el decomiso de un avión Dassault Falcon 2000EX con número de cola YV3360, al que se hace referencia como el «Demandado In Rem».
El gobierno de los Estados Unidos argumenta que el activo debe ser decomisado debido a que no se presentaron reclamaciones a pesar de la notificación adecuada, lo que resultó en una Sentencia en Rebeldía en su contra. La base legal para el decomiso incluye violaciones de sanciones relacionadas con Nicolás Maduro y PDVSA, contrabando y conspiración para lavar dinero.
La moción solicita que el tribunal otorgue el decomiso total de todos los derechos e intereses sobre la aeronave al gobierno.
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