El Tren de Aragua mostró de qué tamaño son sus agallas, cuando un conjunto de personas supuestamente vinculadas a la organización terrorista, presentó una demanda colectiva contra la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem; el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd M. Lyons); y el director de la Oficina Local de Denver del ICE, Robert Guadian; por arrestos ocurridos en el estado de Colorado.
Los demandantes, Refugio Ramírez Ovando, Caroline Días Goncalves, J.S.T., G.R.R. y otros en situación similar, pidieron medidas declaratorias y cautelares ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado, contra los referidos funcionarios gubernamentales.
La demanda busca detener el supuesto patrón y práctica de ICE de realizar arrestos sin orden judicial en Colorado sin la causa probable individualizada requerida por la ley federal, específicamente la determinación de que el individuo es un riesgo de fuga.
Sostienen que los agentes de ICE realizan redadas indiscriminadas y detenciones colaterales para cumplir con supuestas cuotas de arresto impuestas por la administración de Donald Trump, las cuales apuntarían desproporcionadamente a personas de origen latino.
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Demanda colectiva contra arrestos de ICE en Colorado
El 9 de octubre de 2025, se presentó una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado en la cual se alega que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lleva a cabo un patrón sistemático de arrestos sin orden judicial en todo el estado de Colorado, en violación directa de la ley federal.
El núcleo de la demanda argumenta que los agentes de ICE, para cumplir con las cuotas de arrestos intensificadas por la administración, detienen indiscriminadamente a personas, principalmente de ascendencia latina, sin realizar la evaluación individualizada de riesgo de fuga que exige el estatuto 8 U.S.C. § 1357(a)(2).
La demanda se presentó en nombre de cuatro individuos y una clase de personas en situación similar y detalla tácticas de cumplimiento agresivas, como redadas en complejos de apartamentos, paradas de tráfico y arrestos colaterales, que siembran el miedo en las comunidades.
Los demandantes piden una orden judicial declaratoria y cautelar para detener estas prácticas que ellos califican de ilegales, con el argumento de que los arrestos se basan en perfiles raciales y la necesidad de cumplir con cifras arbitrarias, en lugar de en la causa probable requerida por la ley.
La acusación se fundamenta en los testimonios de los demandantes, datos sobre el aumento de los arrestos y declaraciones de altos funcionarios que confirman una política de cumplimiento migratorio más agresiva.
RolEntidad/IndividuoDescripciónDemandantesRefugio Ramirez Ovando, Caroline Dias Goncalves, J.S.T., G.R.R. y otros en situación similar.Individuos que alegan haber sido arrestados ilegalmente por ICE sin orden judicial y sin una evaluación de riesgo de fuga.DemandadosKristi NoemSecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).Todd M. LyonsDirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).Robert GuadianDirector de la Oficina de Campo de ICE en Denver.
La jurisdicción se basa en el derecho federal y la Ley de Procedimiento Administrativo. El caso se presenta en Colorado, donde residen los demandantes y donde ocurrieron los hechos alegados.
Marco legal y político de los arrestos sin orden judicial
La demanda se centra en la interpretación y aplicación del estatuto federal que rige los arrestos de inmigración sin orden judicial.
Refiere que el estatuto 8 U.S.C. § 1357(a)(2) establece dos condiciones que deben cumplirse para que un agente de inmigración realice un arresto sin orden judicial:
El agente debe tener «razones para creer» (equivalente a causa probable) que la persona se encuentra en los Estados Unidos en violación de las leyes de inmigración.
El agente debe tener «razones para creer» que la persona «es propensa a escapar antes de que se pueda obtener una orden de arresto».
La demanda subraya que la ley exige una determinación individualizada de ambos factores antes del arresto. Ignorar la evaluación del riesgo de fuga, según los demandantes, convierte el arresto en ilegal.
La política de la administración y las cuotas de arresto
La denuncia sitúa estas prácticas en el contexto de un cambio de política a partir de enero de 2025, impulsado por la administración de Donald Trump para aumentar drásticamente la aplicación de la ley de inmigración.
Aumento de arrestos: los datos federales citados indican un aumento significativo en los arrestos a nivel nacional, pasando de casi 23 000 a principios de marzo de 2025 a aproximadamente 60 000 en el verano. Solo en Colorado, ICE arrestó a casi 2 000 personas en la primera mitad del año.
Directiva de cuotas: a finales de mayo de 2025, la Casa Blanca y el DHS establecieron una cuota de 3 000 arrestos diarios a nivel nacional, con «consecuencias para quienes no alcanzaran los objetivos».
Cambio de tácticas: se instruyó a los agentes a abandonar las operaciones basadas en investigaciones específicas y, en su lugar, «simplemente salir y arrestar» en espacios públicos. Se les animó a «aumentar la creatividad hasta el nivel 11», lo que incluía arrestos colaterales de personas encontradas durante operaciones dirigidas a otros individuos.
Aumento en Colorado: tras la directiva de la cuota, los arrestos diarios de no ciudadanos en Colorado aumentaron en un 300 % en comparación con el año anterior.
Anulación de políticas anteriores
La demanda señala que, en mayo de 2025, el DHS y ICE rescindieron la «Declaración de Política por Radiodifusión», una guía establecida en 2022 como parte de un acuerdo judicial.
Dicha política requería que los agentes documentaran los «hechos específicos y particularizados que respaldan la conclusión de que el extranjero era propenso a escapar», considerando factores como los lazos comunitarios y familiares.
La anulación de esta guía es presentada como una evidencia más de la intención de la agencia de llevar a cabo arrestos sin la debida evaluación.
Testimonios de los demandantes individuales
Los casos de los cuatro demandantes principales ilustran el patrón de arrestos alegado en la demanda. Indican que, en cada caso, los agentes de ICE no realizaron ninguna investigación sobre el riesgo de fuga a pesar de los fuertes lazos comunitarios de los individuos.
Refugio Ramírez Ovando
Perfil: padre de 43 años, residente de Colorado durante 20 años, con esposa y cuatro hijos ciudadanos estadounidenses. Empleado de largo plazo en la construcción.
Arresto (19 de mayo de 2025): fue detenido en su vehículo por agentes de ICE mientras se dirigía al trabajo. A pesar de tener una licencia de conducir válida de Colorado, fue arrestado sin orden judicial y sin preguntas sobre sus lazos familiares, empleo o historial. Un agente admitió más tarde que buscaban a otra persona.
Consecuencias: estuvo detenido durante más de tres meses en el Centro de Detención de Aurora. Su familia sufrió graves dificultades económicas, acumulando deudas de aproximadamente USD 20 000. La salud mental de su hija mayor se deterioró significativamente, siendo diagnosticada con Trastorno Depresivo Mayor, Ansiedad Generalizada y TEPT.
Caroline Días Goncalves
Perfil: estudiante universitaria de 19 años en la Universidad de Utah, beneficiaria de DACA (dreamer), residente en EE. UU. desde los siete años.
Arresto (5 de junio de 2025): mientras conducía de Utah a Colorado, fue detenida por un oficial del sheriff del condado de Mesa por una infracción de tráfico menor. El oficial la interrogó sobre su origen y, tras dejarla ir con una advertencia, alertó en secreto a ICE a través de un mensaje de Signal. Agentes de ICE la detuvieron millas más adelante.
Consecuencias: fue arrestada sin orden judicial y sin evaluación de riesgo de fuga. Un agente le dijo: «bajo este presidente (…) tenemos que arrestar a cualquiera que no sea ciudadano». Estuvo detenida durante 15 días en Aurora. Perdió uno de sus trabajos, tuvo que reducir su carga académica y ahora vive con miedo y ansiedad, usando un monitor de tobillo.
J.S.T.
Perfil: solicitante de asilo de 36 años, residente de Colorado durante 15 años. Empleado en un restaurante y tienda local durante casi una década. Activo en su iglesia y comunidad.
Arresto (5 de febrero de 2025): fue detenido en su vehículo mientras salía del estacionamiento de su complejo de apartamentos, Whispering Pines en Aurora, durante una redada masiva de ICE. Los agentes lo arrestaron sin orden judicial y sin preguntar sobre sus lazos comunitarios.
Consecuencias: estuvo detenido durante más de un mes. Las condiciones en el centro de detención eran deficientes. Debido a su detención, no pudo pagar el alquiler y perdió su apartamento y muchas de sus pertenencias.
G.R.R.
Perfil: padre y empresario de 32 años, residente en EE. UU. durante 11 años. Vive en Colorado Springs con su hijo y su exesposa, ambos ciudadanos estadounidenses.
Arresto (27 de abril de 2025): fue arrestado durante una redada masiva en un club nocturno de Colorado Springs, donde esperaba como conductor designado para un amigo. Los agentes usaron gases lacrimógenos para forzar la salida de los clientes. Fue arrojado al suelo, esposado y arrestado sin orden judicial ni preguntas sobre riesgo de fuga.
Consecuencias: estuvo detenido durante 50 días. Su detención causó dificultades económicas y emocionales a su familia. Su hijo ha mostrado problemas de comportamiento en la escuela y sufre de miedo a la separación.
Patrón generalizado de prácticas de ICE en Colorado
La demanda alega que los casos individuales no son aislados, sino parte de una estrategia deliberada. Se citan múltiples fuentes y testimonios adicionales para demostrar un patrón en todo el estado.
• Redadas en apartamentos: ICE realizó redadas a gran escala en complejos de apartamentos en Denver, Aurora y Thornton, con agentes fuertemente armados yendo puerta por puerta, exigiendo identificación y realizando arrestos colaterales.
• Paradas de tráfico y perfilamiento: abogados de inmigración testifican sobre un patrón en el que agentes de ICE detienen a conductores latinos. Una vez que el conductor presenta una licencia de conducir de Colorado tipo SB251 (disponible para personas sin prueba de presencia legal), el agente procede a arrestar a todos los ocupantes del vehículo sin una evaluación de riesgo de fuga.
• Operaciones en zonas rurales y de montaña: la actividad de ICE se expandió más allá del área metropolitana de Denver hacia las ciudades de montaña y la vertiente occidental, realizando arrestos sin orden judicial en áreas como Dillon, Silverthorne y Roaring Fork Valley.
Declaraciones de apoyo
La demanda incluye resúmenes de declaraciones de otros afectados y profesionales legales las cuales describen arrestos colaterales o paradas de tráfico que resultaron en detenciones prolongadas, trauma familiar y dificultades económicas, a pesar de tener solicitudes de inmigración pendientes o ningún historial criminal.
Varios abogados (Arturo Vazquez, Mary Jo Highland, Daniel Herrera, Claire Noone, Shaleen Morales) informaron haber consultado con docenas de clientes arrestados en circunstancias idénticas: sin orden judicial y sin una evaluación individualizada de riesgo de fuga.
Organizaciones comunitarias: Eida Altman, del Sindicato de Inquilinos del Metro de Denver, describe el caos y el terror que siguió a las redadas de ICE, mientras que Alex Sánchez, de Voces Unidas de las Montañas, reporta un aumento sin precedentes de llamadas de residentes aterrorizados.
Sostienen que las prácticas de ICE generan un clima de miedo generalizado que afecta la vida diaria de las comunidades inmigrantes y latinas en Colorado.
Reparación solicitada
La demanda busca representar a una clase definida como:
Todas las personas que desde el 20 de enero de 2025 han sido o serán arrestadas en este Distrito por ICE sin una orden judicial y sin una evaluación individualizada previa al arresto de causa probable de que la persona presenta un riesgo de fuga.
Los demandantes argumentan que la clase cumple con los requisitos legales de ser numerosa, compartir cuestiones legales y fácticas comunes, y que los reclamos de los representantes son típicos de la clase.
Reclamos legales:
Violación de 8 U.S.C. § 1357(a)(2): la política y práctica de ICE de realizar arrestos sin orden judicial sin la debida evaluación de riesgo de fuga excede su autoridad estatutaria.
Violación de 8 C.F.R. § 287.8(c)(2)(ii): las acciones de los demandados violan las propias regulaciones federales que reflejan el requisito estatutario de evaluar el riesgo de fuga.
Reparación solicitada:
Los demandantes piden al tribunal que:
Certifique el caso como una demanda colectiva.
Declare que las prácticas de los demandados violan la ley federal.
Emita una orden judicial preliminar y permanente para prohibir que ICE continúe realizando arrestos sin orden judicial en Colorado sin una evaluación individualizada y documentada de causa probable tanto de estatus ilegal como de riesgo de fuga.
Conceda los honorarios de los abogados y los costos del litigio.
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