Guillermo José Zárraga Lázaro, extrabajador de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) demandó civilmente a la empresa criminal de Nicolás Maduro en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, imputándole cargos por secuestro, tortura, despido ilegal y acoso en su contra,.
La demanda alega que Nicolás Maduro Moros, Iván Hernández Dala, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otros, en conjunto, conforman la referida empresa criminal que dirige el primero.
El demandante describe los abusos contra los derechos humanos —entre ellos, tortura y detención ilegal— sufridos por él y su familia, los cuales fueron presuntamente orquestados por el régimen de Maduro, funcionarios gubernamentales y la empresa petrolera estatal venezolana.
Zárraga Lázaro acusa igualmente cargos de crimen organizado y actividades de narcotráfico y lavado de dinero, al tiempo que señala que la empresa criminal de Nicolás Maduro opera internacionalmente a través del Cartel de los Soles y lo impacta negativamente. El demandante busca compensación por daños y perjuicios. Afirma que los actos de los demandados violaron leyes internacionales y estadounidenses.
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El demandante
Guillermo José Zarraga Lázaro, un ingeniero petrolero de 59 años, que trabajó durante más de treinta años en la refinería Cardón de PDVSA y fue un «líder sindical con la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (SUTPGEF), en diversas oportunidades advirtió el paupérrimo estado de las refinerías del Estado Falcón. Esto y haberse fotografiado junto a Juan Guaidó, fueron la razón para convertirse en blanco de los ataques de la empresa criminal de Nicolás Maduro.
Contrariar el discurso del chavismo sobre el estado de la industria petrolera motivó las acusaciones del régimen de Maduro que lo señalaron de espionaje y terrorismo y por las cuales fue detenido el 14 de noviembre de 2020, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lo extrajeron de su casa en la ciudad de Coro.
Lo vincularon a la Operación Gedeón y lo señalaron de proporcionar información sobre seguridad nacional al estadounidense, John Matthew Heath, quien posteriormente fue canjeado por los narcosobrinos de Cilia Flores —Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campo Flores— durante el gobierno de Joe Biden. Pero Zarraga Lázaro debió pasar más de tres años para ser liberado.
La demanda
El 13 de junio de 2025 fue radicada la demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por Guillermo José Zarraga Lázaro quien acusó a Nicolás Maduro Moros, Iván Hernández Dala, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), y John Does 1-10, por delitos de abducción, despido, tortura y acoso ilegal como parte de una campaña de persecución dirigida contra él por los demandados —la empresa criminal de Nicolás Maduro.
Esta demanda se presentó con una tasa de presentación de USD 405, pero Guillermo José Zarraga Lázaro presentó una solicitud para proceder in forma pauperis (IFP), es decir pidió ser eximido del pago de la tasa debido a dificultades económicas. El juez asignado, Eduardo I. Sánchez denegó el pedido el 18 de julio de 2025 y el 7 de agosto de 2025 demandante presentó una moción enmendada para proceder in forma pauperis, subsanando cualquier deficiencia en la moción original.
En la misma fecha el magistrado dio curso al caso, pero no ordenó al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos notificar a los demandados, por lo que, seguramente, esto correrá por cuenta del demandante.
Naturaleza de la acción y acusaciones centrales
Esta demanda civil por abducción, despido, tortura y acoso ilegal señala que Guillermo José Zarraga Lázaro fue blanco de «acusaciones falsas de espionaje y terrorismo debido a su percibida conexión con el detenido exmarino de EE. UU., Matthew John Heath, acusado por la Operación Gedeón.
Zarraga Lázaro, tras ser secuestrado de su casa, fue torturado por agentes de seguridad armados, forzado a confesiones, y detenido arbitrariamente durante más de tres años sin un juicio justo. Su esposa e hija también sufrieron «miedo, angustia e intimidación extremas» y fueron «amenazadas a punta de pistola».
Se acusa al régimen de Maduro de mantener un «patrón generalizado de represión disidente, colapso económico catastrófico, y la dependencia del régimen de actividades ilícitas para aferrarse al poder». Al dictador y a Tareck El Aissami, —ministro de petróleo para la fecha de los hechos— se los señala de ser «altos funcionarios que la ley estadounidense describe como los ‘Cartel de los Soles’», una organización criminal que trafica cocaína y narcóticos.
También se denuncia que el régimen supuestamente «silencia y aterroriza sistemáticamente a cualquiera que exponga sus crímenes o deslealtad», así como de cometer graves abusos contra los derechos humanos, incluyendo tortura, detención arbitraria, secuestro y terrorismo.
La empresa criminal del Nicolás Maduro
Los demandados, miembros de la empresa criminal de Nicolás Maduro —el Cartel de los Soles— son el presidente de facto de Venezuela, quien, junto con una camarilla de altos funcionarios, reprime para mantener el poder a través de un patrón de terrorismo, narcotráfico, abusos violentos de derechos humanos y corrupción.
Iván Hernández Dala, comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la agencia cuyos agentes secuestraron y torturaron a Zarraga; Tareck Zaidan El Aissami Maddah, exministro de Petróleo y Vicepresidente Económico, quien de acuerdo a relatos de testigos presenciales, ordenó personalmente la abducción de Zarraga en 2020 como parte de un caso de conspiración fabricada; PDVSA, la compañía petrolera estatal venezolana que participó en la abducción y en las represalias contra él debido a sus actividades sindicales y percibida deslealtad; la junta administrativa de PDVSA Ad Hoc reconocida por EE. UU. en 2019, es demandada para asegurar que PDVSA sea una entidad apropiada. El demandante no alega que los miembros de la junta ad hoc hayan perpetrado los actos ilícitos. John Does 1-10, quienes son agentes de la DGCIM, funcionarios de seguridad de PDVSA y otras personas directamente involucradas en el secuestro domiciliario, sesiones de tortura y otros actos contra los demandantes.
Régimen de Maduro: represión y narcoterrorismo
Guillermo José Zarraga Lázaro denunció la corrupción de PDVSA, así como las «operaciones de narcotráfico y blanqueo de dinero» que involucraban activos de PDVSA. Fue arbitrariamente despedido en mayo de 2019 y arbitrariamente detenido en 2020.
En noviembre de 2020, las autoridades venezolanas «escalaron sus represalias» contra Zarraga e involucraron en una «conspiración de espionaje fabricada. El 14 de noviembre de 2020, agentes de la DGCIM irrumpieron en su casa en Coro, Falcón, lo golpearon, lo maniataron y se lo llevaron. La DGCIM también saqueó su casa y se llevó sus pertenencias.
En la sede de la DGCIM en Caracas, conocida como «El sótano 2,» Zarraga fue sometido a «tortura sistemática y cruel, trato inhumano y degradante», que incluyeron «golpizas repetidas, golpes con los puños y golpes contundentes, lo que resultó en un dolor severo». También fue sometido a tácticas de asfixia y privación sensorial.
Los demandados —la empresa criminal de Nicolás Maduro— diseñaron y ejecutaron un plan de sabotaje para incriminar a Zarraga y lo acusaron de conspirar con Matthew Heath, un exmarino de EE. UU., para sabotear las refinerías de petróleo venezolanas. Los fiscales falsificaron evidencia para apoyar las acusaciones.
Zárraga Lázaro permaneció «encarcelado sin juicio» entre 2021 y 2022, y en 2023, fue sentenciado a una larga pena de prisión, que fue «arreglada a puerta cerrada”. Su detención duró «aproximadamente tres años».
Impacto en la familia de Zarraga
La esposa de y su nieta adolescente fueron testigos directos de la incursión violenta en su casa el 14 de noviembre de 2020. Sufrieron «un profundo estrés emocional, la memoria de esa noche y la consiguiente incertidumbre, miedo, ansiedad e impacto físico que perdurará hasta el día de hoy».
La familia Zarraga sufre un trauma psicológico, pesadillas y ansiedad, así como años de incertidumbre y angustia. Su reputación fue manchada por acusaciones falsas. El demandante fue liberado de prisión el 20 de diciembre de 2023.
Fundamentos de la demanda
La demanda tiene fundamento en varias leyes de Estados Unidos, a saber, la Ley de agravios contra extranjeros (ATS), la Ley de protección de víctimas de tortura de 1991 (TVPA), la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado (RICO) y la Ley Antiterrorista de Florida.
Los demandados —la empresa criminal de Nicolás Maduro— no tienen derecho a inmunidad soberana, puesto que los actos alegados constituyen «terrorismo» y «abusos muy graves contra los derechos humanos».
Además, se alega que las acciones de los demandados constituyen un patrón generalizado de secuestro, detención arbitraria y tortura para intimidar a la población y silenciar la crítica.
Se imputan:
Conspiración para Cometer Crimen Organizado (Empresa criminal de Nicolás Maduro) involucrando narcotráfico, extorsión, blanqueo de dinero y corrupción.
Cargos de Difamación por la publicación de declaraciones falsas que tildaban a Zarraga de terrorista y espía.
Lesiones y daños solicitados
asfixia, lesiones musculoesqueléticas por golpizas, y afecciones de estrés. También sufrió dolor intenso y sufrimiento emocional severo, así como pérdidas económicas.
La demanda busca daños compensatorios, daños triplicados y estatutarios (bajo RICO y la Ley Antiterrorista de Florida), y daños punitivos/ejemplares.
También se busca una sentencia declaratoria e inyectiva para restringir a los demandados de enajenar activos de PDVSA (incluyendo acciones de CITGO) y asegurar y satisfacer una sentencia que se emita.
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