En medio del agitado proceso de la subasta de CITGO, Horacio Medina, presidente de la Junta Administrativa Ad Hoc de PDVSA, aseguró que los fondos de la refinería venezolana en Estados Unidos no se usaron para el financiamiento del denominado gobierno interino que encabezó Juan Guaidó.
Medina aseguró a Sion Filtros y a Venezuela Política que el dinero de las operaciones de CITGO Petroleum Corporation son vigilados estrictamente, tanto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, como por el Tribunal de Delaware que supervisa el proceso de venta de las acciones de PDV Holding Inc.
Una conversación que constituye un análisis de la compleja situación legal y financiera de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos, y su inminente subasta forzada para pagar a múltiples acreedores del Estado venezolano. El proceso, que se ha intensificado desde 2017 y especialmente desde 2019, ha llegado a una fase crítica con la audiencia de ofertas programada para el 18 de agosto.
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La subasta de CITGO: un proceso forzado
Horacio Medina refiere que desde que asumió la presidencia ad hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA), constituida para preservar los activos de la petrolea venezolana en el exterior, su actividad se centró, principalmente, en salvar a CITGO si la transición democrática que en aquel momento se preveía, ocurría.
Esto no ocurrió y con la demanda de Crystallex en desarrollo, así como los tenedores de Bonos PDVSA 2020, sobre los cuales pensaba una garantía de 50,1 % de las acciones de PDVH —hecho inconstitucional e ilegal— que llevó a pagar, bajo protesta, los intereses de los bonos y esto permitió un tiempo para diseñar una estrategia de defensa de este importante activo venezolano.
Medina puntualizó que la ley venezolana y Constitución al poner las acciones de PDVH como garantía de los bonos, un aspecto que la Corte de Apelaciones ordenó que se reevaluara en la Corte de Distrito.
Una licencia especial de la OFAC se emitió, entonces, para proteger a PDV Holding y a CITGO del embargo del 50,1 % de las acciones de PDVH, lo que le haría permitido a los bonistas tomar el control de la refinería venezolana.
Recordó que en primera instancia Venezuela perdió el caso al negarse los argumentos de la defensa sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad de haber vendido los bonos con la garantía de las acciones de PDVH, propietaria de CITGO. La apelación del caso y la presentación del mismo en instancias superiores, llevó a que se decidiera reiniciar el proceso judicial en el Tribunal de Distrito, esta vez permitiéndose a Venezuela la argumentación de inconstitucionalidad. Esto cursa en la actualidad.
La subasta de CITGO es el resultado de múltiples demandas colectivas y decisiones judiciales en Estados Unidos, particularmente del juez, Leonard Stark, titular del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware que lleva la causa.
Medina insiste en que esta subasta de CITGO no es una venta voluntaria por parte de la actual administración. «Nosotros no estamos vendiendo, estamos negados a que ese proceso se diera, pero repito es algo que dicta el juez federal y nosotros tenemos la obligación de acatar».
Acreedores y expansión de la lista
Horacio Medina sostiene que la junta directiva ad hoc de PDVSA ha agotado todas las instancias judiciales posibles
Horacio Medina aclara que la pandemia y otras circunstancias internas de CITGO llevaron a que solo a partir de 2021 se iniciara un proceso de recuperación de la empresa y a asomar la posibilidad de negociar con los pocos demandantes que para entonces había. Esto no se concretó.
En 2023, el Departamento del Tesoro relajó la licencia que protegía a CITGO del embargo y se desataron una serie de acciones legales con la tesis del alter ego que los demandantes extendieron a la junta ad hoc de PDVSA, usando como sustento notas de prensa que aseguraban que se le entregaron USD 1 000 millones al interinato
Medina negó esto último y aseguró que era una posibilidad imposible de realizar en razón de la supervisión de la OFAC.
La lista de aspirantes a recibir fondos de la subasta de CITGO se amplió significativamente. Inicialmente, los litigantes importantes eran Crystallex, los bonos 2020 y ConocoPhillips, pero el citado relajo de la licencia OFAC, permitió que más empresas se sumaran al proceso. En enero de 2024, la lista se cerró con 18 acreedores, además de los bonos 2020 en Nueva York.
Esto hizo cesar las negociaciones directas con CITGO bajo la creencia de los acreedores de que iban a resolver caso por la vía judicial de manera más rápida.
Oferta actual y complicaciones
Horacio Medina sostiene que la junta directiva ad hoc de PDVSA ha agotado todas las instancias judiciales posibles, entre ellas, apelaciones a la Corte Superior y la Corte Suprema —aunque el certiorari fue denegado en 2023— y se planean nuevas apelaciones después de la audiencia del 18 de agosto.
Estima que el proceso podría extenderse hasta el primer trimestre de 2026. Incluso, después de una sentencia firme, pues se requerirá una licencia de la OFAC para cualquier transacción, la cual «obedece además a elementos de carácter político de política de Estado y de seguridad de los Estados Unidos», advierte Medina.
Acotó que la oferta principal es la de Gold Reserve, pero surgió una «oferta no solicitada» de la que no se tienen detalles, lo que podría complejizar el proceso.
La defensa de CITGO: estrategias y desafíos
El presidente de la junta ad hoc de PDVSA explica que la defensa de CITGO ha sido un proceso arduo y multifacético, que los ha llevado a enfrentar múltiples obstáculos legales y políticos.
Medina reitera que, desde febrero de 2019, el objetivo principal fue «salvaguardar a CITGO y los activos de PDVSA en el exterior y otros activos de la República», pero en la disputa teoría del «alter ego» —que sostiene que PDVSA es el «otro yo» de la República de Venezuela— hace a la empresa responsable de las deudas del Estado.
Horacio Medina señala la controversia alrededor de la posición del exfiscal del interinato, José Ignacio Hernández, quien había emitido una opinión sobre esta teoría antes de su cargo. La decisión del juez Stark de dictaminar el alter ego, incluso durante el gobierno interino, basándose en las ya citadas notas de prensa sobre supuestos pagos al gobierno, es calificada por Medina como incorrecta y no apegada al debido proceso.
Igualmente, Horacio Medina recordó que los intentos de alegar irregularidades en los laudos del CIADI —particularmente para Crystallex— fueron rechazados. El argumento del tribunal fue que Venezuela no podía «alegar nuestra propia negligencia en función de la defensa», al no haber sido representada adecuadamente por el gobierno de Nicolás Maduro en su momento.
También la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito amplió el rango de casos a considerar —entre ellos las demandas de 2003-2004— lo que «abrió las puertas las compuertas para que entraran muchas otras empresas». Esta decisión es vista como una contradicción, ya que se tomó «posiciones sobre un gobierno [Maduro] que no está reconocido por los Estados Unidos para penalizar a una empresa [CITGO] que está reconocida por los Estados Unidos».
Informó que se ha realizado un intenso esfuerzo de lobby y diplomacia en Washington durante 18 meses para explicar la importancia de CITGO para una transición democrática en Venezuela, actividad que requirió autorización de la OFAC.
Situación financiera de CITGO y manejo de fondos
Por otra parte, Horacio Medina refirió que la notable recuperación financiera de CITGO que genera importantes ganancias que, fundamentalmente, se han utilizado para pagar a los acreedores directos de CITGO —USD 4 000 millones iniciales ya están pagados—, quedando solo USD 1 000 millones que vencen el próximo año.
Medina asegura que los fondos de CITGO están estrictamente monitoreados y no pueden ser utilizados para otros fines. «Todo el dinero que CITGO puede utilizar es el dinero que se destina a las operaciones de mantenimiento de control de mejoramiento de plantas de inversiones inteligentes (…) eso está perfectamente monitoreado por la OFAC».
Además, está la supervisión del Departamento de Justicia a través del juez Stark, así como los acreedores ejercen una «vigilancia cercana».
Sobre la Fundación Simón Bolívar financiada por CITGO, Medina dijo que se aumentó tanto su presupuesto como los controles estrictos sobre el uso de los fondos, especialmente después de detectar «mal uso» en algunos casos de ayuda a ONGs en Venezuela.
Precisó que una renegociación de la deuda de CITGO y una solicitud de dinero para aumentar el flujo de caja operacional —de USD 300 millones a USD 1 500-USD 2 000 millones— permitió a la empresa afrontar mejor la pandemia y otros desafíos. Actualmente, el flujo de caja operacional es de USD 1 700 a USD 1 800 millones, mientras la deuda restante de USD 1 000 millones es manejable.
Acusaciones y transparencia
Horacio Medina abordó el tema de las acusaciones de corrupción y falta de transparencia en la gestión de CITGO por la junta ad hoc. Reconoció la corrupción histórica en PDVSA y CITGO —Bariven, PDV Services— pero sostuvo que, bajo la actual administración, se tomaron medidas estrictas:
jubilación o renuncia de personal con poder de decisión,
reducción drástica de la compra a traders (del 18 % al 3 %),
un riguroso proceso de registro de proveedores con auditorías externas y comités de licitación, bajo la supervisión de una vicepresidencia de compliance.
También aclaró el gasto de USD 850 000 en un documental y una campaña comunicacional/de lobby. Lo justificó como parte de una estrategia para informar y defender a CITGO en Washington, dado que no hay medios en Venezuela para ello. El gasto se compara con las inversiones de otras grandes empresas en lobby. La información de gastos está registrada públicamente en FARA.
También reconoció la lucha de los trabajadores despedidos de PDVSA y la existencia de un dictamen de la OIT a su favor y un proyecto de ley en la Asamblea Nacional de 2016. Sin embargo, refiere que la junta ad hoc de PDVSA no ha sido notificada legalmente de estas demandas y que el proceso para añadir acreedores al caso de la subasta fue cerrado en enero de 2024. «Llegaron tarde, no cumplieron con la normativa, no cumplieron con las reglas».
Importancia estratégica de CITGO para Venezuela
Finalmente, Horacio Medina destacó que la posible pérdida de CITGO sería un golpe devastador para el futuro de Venezuela, especialmente en el contexto de una eventual transición democrática.
Considera que CITGO sería un «pilar importante» para los primeros años de una transición democrática, crucial para estabilizar el mercado energético y garantizar flujo de caja inmediato.
Informó que existe un «plan táctico de emergencia» con PDVSA ad hoc para los primeros 100 días, el primer año y el segundo año de una posible transición. Este plan incluye enviar gasolina, diésel, fuel oil y jet fuel a Venezuela, así como recibir crudo de PDVSA para las refinerías de CITGO en Estados Unidos.
Dijo que CITGO desarrolló una capacidad de trading dentro y fuera de Estados Unidos para comercializar el crudo venezolano y agregó que, aunque PDVSA se considera «irrepetible» e «irrecuperable» en su estado actual, la refinería podría tener un papel importante para la recuperación de la petrolera venezolana».
Vea en Sin Filtros “CITGO: venta, deuda, ofertas ganadoras y el destino del dinero”: