VenePirámides
Expropiaciones, controles de cambio y de precios, leyes regulatorias y otras medidas gubernamentales han socavado la libertad económica en Venezuela. José Luis Suárez, profesor asociado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, dice que a pesar de que la Constitución reconoce el derecho del ser humano de escoger libremente la actividad de la cual vivir de acuerdo con su preferencia como lo indica el artículo 112 las medidas aplicadas en los últimos 10 años demuestran la violación de este derecho.
«La radicalización ha ido en aumento y sin duda se ha deteriorado y eliminado la libertad económica. Ha habido una fuerte afectación de la propiedad privada y de los derechos económicos», expresa.
Aunque se tiende a relacionar la libertad económica como un derecho de empresas o de quienes tienen alguna actividad comercial, la realidad es que atañe a toda la población, así es señalado en una serie de obras desarrolladas por investigadores y profesores venezolanos, que analizan las consecuencias que han tenido en el país medidas como regulaciones de cambio y de precios, legislaciones contra las empresas y nuevas restricciones. También las constantes amenazas a la propiedad privada que se han concretado en expropiaciones de cientos de empresas, tierras, inmuebles y propiedades en la última década.
Suárez agrega que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, como producto de su línea sobre la libertad económica, presentó tres bibliografías que están disponibles para indagar sobre el análisis legal de esas medidas gubernamentales que inciden en la propiedad.
La Libertad Económica en Venezuela, Balance de una Década (1999-2009) fue escrito por los profesores José Ignacio Hernández, Víctor HernándezMendible, Luis Alfonso Herrera y Abelardo Daza.
En la presentación del libro, Suárez destaca que pese al rechazo del pueblo a la reforma constitucional en 2007, que pretendía eliminar el derecho a la libertad económica, gobernantes, legisladores e incluso jueces se empeñan en desmontar el Estado Social de Derecho y de Justicia, reconocido en la Carta Magna, para sustituirlo por un esquema estatal totalmente alejado de los principios constitucionales.
«Nuevas leyes, decretos, actos administrativos o sentencias inconstitucionales desconocen principios generales básicos del Estado de Derecho venezolano como el principio de legalidad, el de reserva legal y el federalismo, entre otros», sostiene Suárez, y afirma que entre 1999 y 2009 se acentuaron las acciones gubernamentales contra la propiedad privada.
La excusa de la soberanía En La Libertad Económica en el Decreto Ley sobre Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, de los profesores Tomás Arias Castillo, Luis Alfonso Herrera y Juan Luis Modolell, se advierte que las legislaciones aunque tienen como objetivo mejorar el acceso a los alimentos y que la prestación de servicios se haga de manera eficiente, el fin práctico ha sido el de afectar igualmente la actividad privada.
«Con la excusa de obtener una supuesta soberanía alimentaria y de proteger a los ciudadanos de los abusos de los prestadores y suplidores privados de bienes y servicios, estas leyes pretenden imponer el llamado socialismo del siglo XXI, mediante el cual el Estado se ha dedicado a regular y controlar fuertemente a los particulares que se dedican a la producción y expendio de alimentos», señala Jorge Luis Suárez, coordinador académico del libro.
Punto de vista jurídico La expropiación en Venezuela, escrita por Antonio Silva Aranguren y Gustavo Linares Benzo, contiene un análisis jurídico para entender este instrumento consagrado en muchos sistemas jurídicos del mundo, pero que en el caso de Venezuela se ha convertido en una herramienta de castigo sin que se reconozca el debido proceso ni se justifique su aplicación en muchos casos.
Suárez destaca la necesidad de que la población conozca en detalle el mecanismo de la expropiación según la ley, y que en los últimos años se ha desvirtuado.
«En lugar de expropiaciones por causa de utilidad publica e interés social como lo establece la ley, las medidas contra la propiedad privada han sido confiscaciones prohibidas en la Constitución y sin que se reconozca el justo pago y la indemnización a los afectados como se ha visto en el caso de fincas, inmuebles, tierras, empresas y otras propiedades en los últimos años por medidas gubernamentales», expresa.
Recuerda que la expropiación es una institución que en un sentido positivo tiene su razón de ser y que bien utilizada puede ser favorable para la sociedad. No obstante, ha sido empleada como un mecanismo para eliminar también el derecho de propiedad.
«Recurrentemente, por culpa de las mal llamadas expropiaciones, los usuarios se ven despojados del disfrute de servicios prestados por empresas privadas o los trabajadores pierden el empleo, además del efecto natural de la expropiación, de privar coactivamente o transferir forzosamente un bien o derecho de propiedad de su detentador al Estado», expone Suárez en la presentación de la obra.
Agrega que no sólo se ha tergiversado el mecanismo para convertirlo en una actuación pública negativa, sino que también se ha usado como una sanción, cuando no fue elaborado para eso. Se han ejecutado expropiaciones sin justificación, sin procedimiento, sin participación del órgano judicial en muchos casos y lo peor, sin el pago de la oportuna y justa indemnización, antes de transferir el derecho de propiedad que ordena la Constitución, reportó el diario El Nacional.
Tomado de Derechos económicos en la Venezuela de Chávez en vía de extinción