VenePirámides
Desde que el Gobierno expropió Agroisleña en octubre de 2010 y asumió su control son varios los cambios que ha experimentado la empresa además del nombre. Desabastecimiento de insumos, retardo en la entrega de fertilizantes y semillas y dilación en el pago de la cosecha arrimada caracterizan la administración de la ahora Agropatria.
«Cuando vamos a comprar abono nos dicen que llegará en un mes porque no les han despachado, pero ni las matas ni el cultivo entienden eso de esperar 15 días a 1 mes, siguen creciendo y requieren de abono en el tiempo que establece la cosecha», afirmó un productor de hortalizas de La Grita, estado Táchira, que prefirió no ser identificado por temor a represalias.
Aseguró que los trabajadores de Agropatria no tienen mayor cosa que hacer durante sus horas laborales porque, «sencillamente, no hay insumos». «De Agroisleña pasó a Agropatria y ahora le llamamos Agroestante porque no hay nada que comprar. Sólo hay semillas y a precios exorbitantes. Desde hace 4 meses no llega abono».
Los fertilizantes, de acuerdo con el productor, son distribuidos frecuentemente a cooperativas de la zona, que se encargan de su comercialización y venta. «En enero fueron abastecidas en 8 oportunidades y los vendían al doble de su precio por paca, es decir, 50 bolívares», señaló.
Debido a los problemas de abastecimiento, los productores de La Grita se han visto obligados a comprar abono y fertilizantes de origen colombiano, por el que pagan hasta 200 bolívares el empaque.
Situación similar viven los agricultores de La Fría. En agosto de 2011 fue inaugurado un Agropatria comunal en el municipio García de Hevia, pero no dispone de insumos, lo que obliga a los productores a comprar materiales colombianos.
Arcas vacías. Fuentes del Ministerio de Agricultura y Tierras señalan que la falta de supervisión y control hizo que Agropatria se convirtiera en un barril sin fondo. «No hay control en las ventas, muchos insumos se sacaron de las tiendas para venderlos con sobreprecio a los productores. En las zonas fronterizas se registra contrabando.
Esas denuncias las hicieron los agricultores de hortalizas al Gobierno, sin que se hiciera nada», indicó un funcionario de bajo rango.
Miembros de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela admiten que la empresa está en quiebra.
«Es una empresa prácticamente inauditable, no había dinero para pagar a los proveedores internacionales. Muchas compañías extranjeras pidieron a sus embajadas que mediaran ante el gobierno de Chávez para que les pagara», dijo un miembro del partido oficialista que prefirió no identificarse.
Esta situación provocó la salida, agrega, del tren ejecutivo agrícola, y que el Presidente aprobara el punto de cuenta por 300 millones de dólares para reflotar la empresa, importar agroquímicos y maquinarias.
«El Presidente quería mostrar a Agropatria y a Agrovenezuela como una misión exitosa, pero los resultados no fueron los esperados», acotó. La orden de Miraflores es hacer seguimiento a los recursos entregados a Yván Gil, presidente actual de Agropatria, al punto de que debe regresar en año y medio 300 millones de dólares a las arcas del Fonden.
Los compromisos con proveedores internacionales son altísimos. «Les entregaron cheques sin fondo y ahora piden pago en efectivo para despachar», sostuvo un miembro de Agropatria.
Otro elemento que afectó las finanzas fue la reducción de los precios de los fertilizantes, agroquímicos y otros insumos, sin un estudio de costos que demostrara cómo impactaba la administración. «En menos de un año se redujeron los ingresos y no hubo dinero para pagar a proveedores, al personal y a los agricultores por la cosecha que se arrimó en los silos», dijo.
Racionamiento. Ezequiel Romero, presidente de la Asociación de Productores Rurales del municipio Guanare expresó que para el ciclo norte-verano no se consiguió el herbicida para la siembra de yuca y girasol. Para el ciclo de maíz, los insumos fueron entregados muy tarde y el apoyo de Agropatria a los agricultores no estipuló financiamiento en efectivo. «Cada quien tuvo que ingeniárselas para pagar personal y maquinaria», indicó.
Añadió que el dinero de la cosecha de maíz arrimada debió pagarse en noviembre y hasta la fecha no se ha hecho efectivo. La deuda con Asoguanare es de 400.000 bolívares. «Esta dinámica nos afecta mucho porque sólo recibimos respaldo en insumos de Agropatria, y ahora retrasan el pago que esperábamos para saldar las deudas por gastos operativos», dijo.
Los trabajadores de Agropatria en Portuguesa aseguraron que ha desmejorado el abastecimiento y la distribución. A las sucursales llega una gandola al mes con insumos, mientras que antes llegaban hasta cuatro a la semana.
Sobre el mantenimiento de las instalaciones, los vehículos y la maquinaria señalaron que no se tiene la rigurosidad de Agroisleña. Ahora se hacen las reparaciones cuando se daña el equipo.
Los productores recuerdan que la empresa en manos privadas suministraba entre 60% y 80% de agroquímicos, fertilizantes, semillas, maquinarias e insumos. En 2010, antes de la expropiación, Agroisleña llegó a financiar a 3.000 productores para la cosecha de más de 800.000 toneladas de rubros.
Además, el consorcio prestaba asesoramiento técnico y daba servicios agrícolas a más de 18.000 productores, según reportó el diario El Nacional.
Tomado de crónica de otra expropiación destructiva, con repercusiones en toda la agroindustria