Llegaron a la cima de la Administración bolivariana
En 2013, coló a Cubillas y Arruti en las compañías encargadas de garantizar alimentos y gas. Tras años en el cargo, con sueldos irreales, fracasaron.
Por: ENRIQUE MORALES
Fuente: La Informacion
Una de las primeras decisiones que tomó Nicolás Maduro cuando hace seis años asumió la presidencia de Venezuela -primero de forma interina y luego definitiva- fue la de colocar en la cúpula de dos de las principales empresas públicas del país, Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) -hoy disuelta, tras numerosos escándalos de corrupción- y Gas Comunal, a Arturo Cubillas y Xabier Arruti, dos históricos miembros de ETA que llegaron Caracas hace tres décadas. Ambos, que han liderado el colectivo de miembros de la banda en el país caribeño en diferentes momentos, ascendieron a lo más alto de la Administración bolivariana dentro de las compañías que debían garantizar alimentos y energía en la Venezuela del hambre y la escasez.
Durante tres años, en el caso de Cubillas, y algunos meses más en el de Arruti, que lleva vinculado al ‘chavismo’ décadas y ha desempeñado varios cargos públicos-políticos en diferentes instituciones, Maduro -que ahora está contra las cuerdas tras la autoproclamación de Juan Guaido como presidente del país- ha sostenido en sus puestos de altos funcionarios a estos dos ‘exiliados’ vascos, que han disfrutado de unos privilegios que sorprenderían a la mayoría de los venezolanos y de unas retribuciones que superan hasta en cinco veces el salario mínimo.
A día de hoy, según ha podido confirmar La Información, la huella de Cubillas en las bases de datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que gestiona la protección de los trabajadores venezolanos, han desaparecido. No consta como asalariado en empresa alguna y no recibe sueldos desde mediados de 2016, pero si está previsto que cobre una pensión a partir de diciembre de 2024, cuando cumpla 60 años. Mientras, Arruti, que tiene ahora 64 años, compatibiliza un sueldo de cargo público en el municipio en el que reside con una pensión de vejez, que recibe desde finales de 2014 y que asciende a 18.000 bolivares al mes.
Cubillas, acusado de tres asesinatos en España en la década de los 80 y que ha sido reclamado por la Audiencia Nacional por ser el supuesto vínculo entre ETA y la FARC, ha ocupado un alto cargo en la CVAL, la empresa pública creada en 2010 para gestionar las compañías y bienes expropiados por el régimen socialista y el reparto de alimentos. La sociedad fue intervenida y liquidada en mayo de 2016 después de continuos casos de corrupción, robos y desvío de toneladas de comida a redes privadas de distribución por parte de sus directivos. Arturo Cubillas, en la cúpula desde 2013, cayó con ella ese mismo mes de 2016.
La mercantil agrupó a una treintena de sociedades nacionalizadas, entre ellas la española Agroisleña, que pertenecía al empresario canario Enrique Fraga, y era la encargada de garantizar los alimentos a los venezolanos en un país en el que los ciudadanos mueren de hambre, las colas para conseguir comida son interminables y en el que una cesta básica de alimentos cuesta 163 dólares, pero el salario mínimo -que debe garantizar su compra según la Constitución- apenas equivale a 20 dólares, después de una subida en el mes de enero del 300%.
La retribución de Cubillas, que ha liderado el colectivo de etarras en el país latinoamericano hasta hace unos años y que entró en la Administración bolivariana apadrinado por el que fuera vicepresidente y ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, era de 5.741 bolivares mensuales en 2013, justo el doble del salario mínimo en ese momento.
La carrera profesional de Cubillas ha sufrido una evolución meteórica estas dos últimas décadas gracias al ‘chavismo’ y, especialmente, a Maduro. Desde que aterrizó en Caracas en el año 1989 ha desempeñado diferentes empleos, desde regentar su propio restaurante, denominado Oker’s, como el comando terrorista del que formó parte en España, a trabajar en la pescadería Deusto Mar, como contable en una constructora o en el Ministerio de Tierras, donde fue responsable de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y encargado de negociar las expropiaciones de empresas y terrenos.
Por su parte, Xabier Arruti Imaz, que llegó a Venezuela a principios de los 80, en su caso huyendo de la Justicia, desembarcó en Gas Comunal, filial del gigante Petróleos de Venezuela (PDVSA), el 21 de enero de 2013, cuando Chávez, antes de someterse a su cuarta y última operación, ya había confirmado a Nicolás Maduro como ‘hombre fuerte’ del régimen y vicepresidente ejecutivo. Arruti ha relevado a Cubillas como cabeza visible del colectivo de etarras y es militante activo -y con puestos políticos- del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la formación creada por Chávez en el año 2007.
Además, el histórico etarra es propietario de una marisquería en la localidad de Chichiriviche, el mismo lugar en el que Iñaki de Juana Chaosabrió una licorería a su llegada al país, y desde julio de 2018, después de ser cesado en Gas Comunal, ocupa un cargo de responsabilidad en el Municipio de Monseñor Iturriza. El sueldo de Arruti, 150.000 bolivares anuales de media durante el tiempo que ha trabajado como alto cargo en en la compañía pública de gas, más que duplica el de Cubillas y era más de cinco veces superior -en ese momento- al de la media de los venezolanos, que en su mayoría tiene graves problemas económicos que no les permiten afrontar compras de primera necesidad.
Gas Comunal ha sido la encargada de garantizar el suministro de gas domiciliario, algo que evidentemente no ha logrado en uno de los países con las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Los venezolanos deben cocinar en leña, ya que el alto coste de las bombonas de gas y la escasez han hecho imposible su compra, pese a que su precio está regulado. Según destacaba hace una semana el diario venezolano El Nacional, la especulación se ha hecho con el mercado y los ‘bachaqueros’, los vendedores de bombonas en el mercado negro, las ofrecen con sobreprecio: las pequeñas a 2.000 bolivares y a cerca de 5.000 bolivares -un tercio de lo que gana un pensionista al mes- las grandes.
Al menos otros otros cuatro etarras residentes en Venezuela han ocupado cargos intermedios en empresas públicas y ministerios, donde entraron de la mano de Jaua y Cubillas. Uno de ellos, María Asunción Arana Altuna, vecina y amiga íntima de Cubillas, ha ocupado diferentes puestos en el Ministerio de Agricultura y Tierras -allí fue vicedirectora del Instituto Nacional de Tierras- y en el de Cultura. Arana es viuda del etarra ‘Argala’ y fue deportada por el Gobierno argelino a Venezuela el 28 de abril de 1989, donde se encargó de dirigir y buscar alojamiento a los etarras refugiados en el país caribeño, según diversas fuentes policiales.
Etiquetas: Banda Terrorista ETA, corrupción pdvsa, FARC, Nicolás Maduro
Tomado de Maduro borra la huella de los etarras que él mismo colocó en las empresas públicas. / Efe