VenePirámides
Hacer un recuento del número de muertes violentas que hubo en Venezuela durante los últimos 14 años es una tarea titánica. No hubo un solo día en el que las páginas de sucesos no tuvieran víctimas sobre las que pudiera escribirse.
Las cifras más conservadoras, dadas por el Observatorio Venezolano de Violencia, indican que en el país murieron de manera violenta por lo menos 153.540 personas entre 1998 y 2011. El país pasó de tener una tasa de homicidios de 19 por cada 100.000 habitantes, en 1998, a 50 por cada 100.000 habitantes, en 2011, lo cual significa un incremento de 434,5% en 14 años.
«Si nos hubiéramos mantenido, por lo menos, con los más de 4.000 muertos que tuvimos por año durante el gobierno del presidente Rafael Caldera, en Venezuela nos habríamos ahorrado 100.000 homicidios», expresó el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia.
Las razones del incremento de este delito en particular, según el experto, tienen que ver con la crisis institucional que se disparó a partir de 1999 y que trajo como consecuencia inmediata la creciente impunidad en todos los ámbitos. Esta situación viene acompañada del aumento del número de armas ilegales en manos de civiles.
En el país se volvieron habituales los asesinatos de motorizados, transportistas, estudiantes, mujeres, niños, adolescentes y funcionarios policiales.
La situación ha colocado a Venezuela como el quinto país más violento del mundo, según la ONU.
A pesar de que la lista tiene más de 150.000 víctimas, algunos casos son imposibles de olvidar.
En la memoria de los venezolanos estará siempre presente la conmoción que causó el secuestro y posterior asesinato de los hermanos John, Kevin y Yeison Faddoul, de 17, 13 y 12 años de edad, respectivamente, y de su chofer, Miguel Rivas, que fueron hallados muertos en los Valles del Tuy en marzo de 2006.
En junio de 2005 una comisión policial ultimó a tres estudiantes de Administración de la Universidad Santa María e hirió a otros tres. El caso fue conocido como la Masacre de Kennedy, y obligó al Gobierno a crear la Comisión Nacional para la Reforma Policial.
En 2008 seis personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron asesinadas por funcionarios de la Policía de Lara. Los cadáveres fueron encontrados en las adyacencias del balneario Agua Clara, en el sector La Vega, fronterizo entre Portuguesa y Lara. Las víctimas respondían a los nombres de Yorman Soto, de 15 años de edad; Rubeli Escalona, de 16 años; Mariángel Barreto, de 16 años; Noel González, de 39 años; Darwin Torrealba, de 15 años de edad; y otro joven, que no fue identificado. Ese mismo año mataron a la estudiante de Comunicación Social Roxana Vargas Quintero, de 19 años de edad, crimen por el cual fue sentenciado el psiquiatra Edmundo Chirinos.
En marzo de 2010 los cadáveres de Joaquina Sánchez, de 53 años de edad, y Oriana Monasterios, de 20 años, fueron hallados calcinados en un terreno baldío de la urbanización Parque Caiza, al este de Caracas. El presunto responsable del doble crimen, Giomar Cartagena, aún está en libertad.
Briceño León considera que todas estas muertes son la mejor muestra del fracaso del actual gobierno en materia de seguridad pues los 19 planes que han sido implantados no han dado resultados.
«En términos de evaluar políticas públicas, tenemos 19 planes de seguridad que no han servido porque no han ni disminuido ni detenido los homicidios, ni los demás delitos.
Que lancen en esta época la Misión A Toda Vida Venezuela es el reconocimiento del fracaso porque ¿qué era distinto hace seis años de los principios que ellos plantean ahora? Simplemente que saben que la población exige respuestas», expresó el director del OVV.
En 1999 los secuestros se mantenían en una cifra relativamente baja.
El promedio de casos apenas superaba los 3 cada mes, para sumar 44 al final del año. En 2011 las autoridades recibieron 1.168 denuncias por este delito, lo que representa un aumento de 2.654% con respecto al primer año de Gobierno.
«Este delito se popularizó en Venezuela», sentenció el consultor Fermín Mármol García.
Durante el gobierno actual los secuestros dejaron de ser un problema netamente rural, asociado a la actividad de guerrilleros, cuatreros y paramilitares en la zona limítrofe con Colombia. En la actualidad más de 80% de los casos conocidos ocurre en zonas urbanas, especialmente en el centro y el occidente del país.
En total, durante los últimos 14 años se han iniciado 5.148 averiguaciones, pero el número de víctimas es mucho más elevado pues el plagio involucra a toda la familia.
Durante este gobierno ocurrió un auge del secuestro breve o express, según Mármol, especialmente a partir del bienio 2005-2007. La modalidad suele ser la escogida por ex-policías y hampones que anteriormente se dedicaban al robo de blindados, bancos y joyerías.
En estos casos, indicó Mármol, no existe una planificación. La relación entre la víctima y el victimario se limita al momento en que la primera permanece en cautiverio.
«Desde 2005 se acaba la meritocracia en el Cicpc, la Fiscalía y los tribunales. Sólo se valora la fidelidad política. Todo esto, junto con el verbo emanado desde el poder público, con constantes controversias e intolerancia, generaron un caldo de cultivo para que Venezuela comenzara una escalada en los secuestros», afirmó.
En 2009 la Vicepresidencia de la República elaboró una Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana, con un capítulo especial sobre los secuestros. La investigación determinó que por cada caso denunciado había 9 que no eran reportados. Se descubrió, además, que el delito afectaba por igual a miembros de todas las clases sociales.
Mármol dijo que esta «cifra negra» es el producto de la creciente desconfianza en los cuerpos policiales. A pesar de la situación, afirmó que 8 de cada 10 casos denunciados tienen un final feliz para las víctimas.
Entre los secuestros más sonados durante este período figura el de Mely Alejandra Carrero, en 1999, en el que medió como negociador por primera vez el capitán de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín.
También el del empresario Richard Boulton (2000-2002), que implicó uno de los rescates más cuantiosos de la historia venezolana a favor de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Otro caso que hizo historia es el del empresario italiano Filippo Sindoni, también en 2006.
Otras víctimas de renombre fueron los banqueros Jorge Azpúrua Ramírez (2007) y Germán García Velutini (2009-2010).
Ambos casos se resolvieron mediante el pago de rescate.
Se cierra este ciclo con 27 venezolanos cautivos. Algunos de ellos fueron secuestrados en 2005, y se presume que están en manos de frentes de las FARC. Mármol no descarta que algunos de ellos hayan fallecido, aunque sus familiares no tengan una confirmación al respecto.
El consultor ofreció que la lista de sus plagiados aún cautivos será entregada al presidente del nuevo período, independientemente del resultado que tengan las elecciones, según reportó el diario El Nacional.
Tomado de los homicidios y secuestros van en ascenso vertiginoso