VenePirámides
Durante una semana el Ejecutivo nacional se reunió con empresarios nacionales. El ejercicio que inicialmente serviría para que los empresarios enumeraran las trabas que limitan la producción, se convirtió en la entonación de un mea culpa por parte de las autoridades.
Movido por la urgencia que supone el repunte de la inflación y la escasez, el tono y el contenido del discurso de los funcionarios fue distinto al empleado en los últimos años. El reconocimiento de los errores fue tal que, a veces, las palabras de los ministros insinuaron la necesidad de desanudar la trama económica que durante años se tejió a nombre del «socialismo del siglo XXI».
«Competitividad», «productividad», «eficiencia» y hasta ganar nuevos mercados con las exportaciones fueron mensajes repetidos por los ministros de Industrias y Comercio, aunque sin dejar de lado las amenazas.
«No estamos pactando», ni «co-gobernando» dijo Alejandro Fleming, ministro de Comercio, el pasado viernes en el cierre del «Encuentro nacional de sectores productivos de Venezuela». «Estamos gobernado pero tenemos la obligación de dialogar», puntualizó Fleming.
En las 12 jornadas de trabajo poco se habló de la «guerra económica» y del «sabotaje económico» que tanto ha repetido el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Por el contrario, desde el Ejecutivo nacional se identificó una larga lista de errores y problemas denunciados por los empresarios durante años.
El problema más repetido por los empresarios y admitido por las autoridades fue la demora en la liquidación de las divisas. Dependiendo de los sectores el atraso en la aprobación de los pagos podía llegar hasta los 400 días, situación que ha hecho que las compañías hayan perdido líneas de crédito con los proveedores y limitado la reposición de inventarios de materia prima e insumos.
Tanto los ministros como la presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, reconocieron el problema y explicaron que la parálisis del sistema cambiario la causaron la presión y las distorsiones creadas por las «empresas de maletín».
«Se ponen sobre el sistema productivo y empiezan a chupar dólares y los quitan a ustedes que son los que deberían estar produciendo (…) Nosotros tenemos que hacer un blindaje de la economía de todo aquel que parasita del sistema económico porque le está quitando la garantía, el sustento, el sustrato a los que realmente producen», sostuvo el pasado martes Ricardo Menéndez, ministro de Industrias.
El miércoles Edmée Betancourt fue un poco más lejos y calificó como un «error» y una «barbaridad» la asignación de 59 mil millones de dólares para importaciones, tal y como ocurrió el año pasado.
«Lo que se entregó en divisas el año pasado fueron cantidades muy considerables, pero también hay otra cantidad considerable de divisas que se llevó a empresas de maletín».
Los cálculos del BCV apuntan a que el año pasado hasta 20 mil millones de dólares se fueron gracias a una demanda artificial de dólares o al menos no se destinaron a actividades productivas.
Pero el de las divisas no fue el único problema discutido en las reuniones. En el cuestionario elaborado por el Banco Central de Venezuela y que los empresarios debían responder «en una escala de 1 a 12» el listado de trabas al menos incluía otras diez.
El peso de la «permisología» es otro de los factores enumerados en el formulario del BCV y también aceptado por los propios responsables de las políticas económicas. El titular de la cartera de Industrias admitió el pasado martes el efecto que ocasiona en las estructuras de costos la «carga de trámites».
Por su parte, Fleming afirmó el pasado viernes que «sé que los tiempos inciden en las estructuras de costos», al referirse a los innumerables trámites que deben cumplir las compañías para obtener dólares, importar materia prima o nacionalizar la mercancía. «Debemos ser pragmáticos», manifestó a modo de promesa el funcionario.
La regulación de precios, los problemas laborales, la falta de materia prima y las limitaciones del servicio eléctrico destacan también en el cuestionario que diseñó el BCV. En el caso del tema eléctrico se les pedía a los empresarios que precisaran si el obstáculo es la «continuidad del servicio», los «cortes no programados», el «plan de ahorro» o la «calidad del flujo».
Las demoras en el proceso «tributario/aduanero» también fueron aceptadas por las autoridades. Fleming planteó el viernes «buscar mecanismos menos intrusivos (sic) en los puertos». Desde hace años los gremios empresariales han denunciado que nacionalizar la mercancía puede demorar hasta 20 días en cualquiera de los puertos nacionales por las inspecciones que realizan los organismos del Estado, situación que genera costos adicionales, según reportó el diario El Universal.
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