VenePirámides
Los tenedores del Bono Sidetur 2016 manifestaron que la negativa del Gobierno de cancelar las obligaciones de pago del título ha sentado un precedente negativo en el historial de crédito de la República.
Afirmaron que a partir de ahora invertir en Venezuela no es seguro, informó Ray Zucaro, representante de los tenedores y socio-fundador de la firma SW Assets Management, que desde hace casi 20 años invierte en títulos venezolanos como portafolio personal y en el de su empresa.
Aseguró que nunca había habido problemas con la responsabilidad de pago de la nación «ni cuando el paro petrolero de 2002 el Gobierno dejó de honrar sus compromisos, por eso no se entiende por qué ahora incumple la cancelación de los intereses y el capital del Bono Sidetur 2016». Recordó que la cesta de crudo venezolano llegó a estar en el pasado en 32 dólares el barril y tampoco fue motivo para que el Ejecutivo se retrasara o no cancelara sus responsabilidades de deuda.
El caso del Bono Sidetur 2016 significa el desembolso de 74 millones de dólares, cifra que en términos generales de desembolsos para el pago de deuda es muy poca para la nación. «No se entiende que por tan pequeña cantidad de dinero el Gobierno no honre su compromiso de pago», añadió Zucaro.
El inversionista dijo que los tenedores del Sidetur 2016, que van desde Chile hasta Rusia, han expresado su deseo de aportar ideas para solucionar la situación, pero el Ministerio de Finanzas no atiende el llamado. Indicó que incluso con los casos de Fertinitro y Petrozuata se llegó a un acuerdo con los tenedores, pero en esta ocasión la comunicación ha estado totalmente cerrada.
En su opinión la situación puede afectar seriamente al Gobierno en caso de que decida emitir nueva deuda, pues la tasa de interés tendrá que ser aún más alta y eso incide en las finanzas de la República. «a partir de ahora se tendrán muchas dudas con la voluntad de pago de Venezuela», afirmó.
El bono Sidetur 2016 poseía un fideicomiso constituido para cumplir con el pago de intereses y capital trimestral, en caso de cualquier eventualidad, y ya fue utilizado en su totalidad ante la negativa del Gobierno de cumplir. En la tercera semana de julio el Ejecutivo debió hacer el pago correspondiente y no fue así, por lo que se decretó un default (cesación de pago) técnico.
El ministro de Finanzas, Nelson Merentes, aseguró que su despacho constituyó un nuevo fideicomiso para ser utilizado cuando «el caso se aclare».
La cesación de pago se fundamenta en una interpretación realizada por la Procuraduría General de la República en la que señala que la deuda de la empresa Siderúrgica del Turbio no pertenece al Estado, a pesar de que su expropiación se ordenó en octubre de 2010, según reportó el diario El Nacional.
Tomado de un estigma en la historia crediticia de la República de Venezuela