Por Lola Solís
La empresa de alimentos Kellogg Latin America Holding Company ha presentado una demanda contra el Estado venezolano ante las autoridades judiciales del Reino Unido, según fuentes próximas a la diplomacia de Venezuela.
Notificación diplomática
Según un memorándum, fechado el 11 de diciembre de 2023, la embajada de Venezuela en Londres recibió una comunicación del bufete de abogados Jenner & Block LLP, que representa a la multinacional estadounidense Kellogg’s, informando sobre la acción legal. La embajadora Rocío Maneiro remitió la información a la cancillería venezolana, donde fue recibida y analizada por el director para Europa, Gustavo Villarroel Valdez.
La demanda de Kellogg’s se basa en presuntas irregularidades en las operaciones de la empresa en el país sudamericano, donde cesó sus actividades en mayo de 2018. El gobierno venezolano tomó entonces el control de la planta de la compañía en el estado Aragua y anunció que continuaría la producción de cereales bajo el nombre de Productora Venezolana de Alimentos (Proval).
El director Villarroel comunicó el caso a la directora general del despacho de la cancillería, Andrea Gabriela Corao Faría, y al director jurídico, Pedro Goncalves, entre otros altos funcionarios. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido una declaración pública ni ha dado detalles sobre su estrategia legal para responder a los reclamos de la multinacional estadounidense.
La demanda de Kellogg’s se produce en un momento de relativa distensión entre Estados Unidos y Venezuela, tras años de fuertes tensiones diplomáticas y sanciones económicas. Ambos países han expresado su disposición a dialogar y buscar soluciones pacíficas a sus diferencias. No obstante, el litigio plantea un nuevo desafío para las relaciones bilaterales y para la recuperación económica de Venezuela.
Antecedentes del caso
En 2018, Kellogg’s anunció el cese de sus operaciones en Venezuela, donde tenía una planta de producción de Alimentos Kellogg’s S.A.. La decisión se debió a las difíciles condiciones económicas que atravesaba la nación sudamericana, sumida en una profunda recesión e inflación descontrolada.
El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó a la salida de la multinacional con la toma de las instalaciones y la entrega de la producción a los trabajadores. Maduro afirmó que se trataba de una «guerra de las trasnacionales y del imperialismo» y que el pueblo contaba con su protección. «La empresa se la hemos entregado a los trabajadores y está produciendo con la clase obrera industrial. El pueblo tiene un presidente y un Gobierno que lo protege y Kellogg’s va a seguir produciendo, ahora en manos de la clase obrera», declaró Maduro en aquel momento.
La denuncia de Kellogg’s por el uso indebido de sus marcas
Kellogg’s, por su parte, advirtió en un comunicado que no se hacía responsable por el uso de las instalaciones y el equipo, ni por la calidad de los productos que se fabricaran. Asimismo, denunció que el uso de sus marcas no estaba autorizado en Venezuela y que tomaría las «acciones legales pertinentes» para defender sus derechos.
La empresa constató que, meses después de la toma de la planta, se comercializaban cajas de cereal con su marca y con mensajes alusivos al gobierno socialista, como el lema «Juntos todo es posible». También se detectó una modificación de la imagen de la caja de Corn Flakes, uno de sus productos más populares, en la que se le añadió una mascarilla al gallo que la identifica, como parte de una campaña de prevención por la covid-19. Estas acciones, según Kellogg’s, violaban sus derechos de autor y se realizaban sin su consentimiento.
El arbitraje de inversiones ante el Ciadi
Ante esta situación, Kellogg’s decidió recurrir al sistema jurídico internacional y presentó una demanda de arbitraje de inversiones contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo dependiente del Banco Mundial. La demanda se registró el jueves 9 de noviembre de 2023, según confirmó la revista del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).
La empresa basó su reclamación en el «incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones Venezuela – Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte de 1995». Para ello, utilizó como demandante a su subsidiaria en Reino Unido, Kellogg Latin America Company (One) Limited. De esta forma, Kellogg’s se suma a una larga lista de multinacionales que han denunciado a Venezuela por expropiaciones de sus activos, y que han obtenido diversos laudos arbitrales que imponen sanciones millonarias al Estado.
Implicaciones económicas
Se desconoce el monto y los detalles precisos de la demanda de Kellogg’s contra Venezuela, así como el tiempo que podría durar el proceso legal. Expertos consultados advierten que el caso podría tener graves consecuencias para las finanzas públicas venezolanas, que ya se encuentran en una situación crítica. Por ello, suponen que el Gobierno venezolano deberá preparar una defensa sólida o buscar una salida negociada al diferendo.