El 20 de diciembre de 2023 se conoció que salieron en libertad en Venezuela dos hombres que habían sido detenidos por su relación con el caso del hato El Chaparralito, una propiedad ubicada en el estado Apure, que fue objeto de una disputa judicial. Se trata de Juan Carlos Guillén Rosales, capitán retirado del Ejército y abogado, y Carlos Alberto Jaimes Gómez, juez. Ambos estaban recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La liberación se produjo en medio del canje con Estados Unidos, que liberó al empresario colombiano Alex Saab, a cambio de la excarcelación por parte del régimen de Venezuela de varios presos políticos, incluyendo algunos estadounidenses y del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la oposición venezolana en Barbados.
Los dos hombres liberados habían participado en la puesta en libertad y entrega del hato El Chaparralito a Reyes Gabriel Hernández González, conocido como El Finquero de Apure o El Gordo, quien era el dueño original de la propiedad. Hernández González había sido acusado de encubrir y proteger a un presunto magnicida que intentó atentar contra Nicolás Maduro, y gracias a la intervención de Guillén Rosales y Jaimes Gómez, logró salir de la cárcel y huir a Estados Unidos, donde se presume que se encuentra actualmente.
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Reyes Gabriel Hernández: el finquero de Apure que se codeaba con militares y políticos
Reyes Gabriel Hernández
Reyes Gabriel Hernández era un hombre rico y poderoso en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Dueño de varias fincas, entre ellas El Chaparralito, un hato con pistas de aterrizaje para avionetas, se le vinculaba con el narcotráfico y la corrupción. Tenía amigos influyentes en el gobierno y el ejército, como el fallecido gobernador Jesús Alberto Aguilarte Gámez, el general Eslaín Moisés Longa Tirado y el cantante Cristóbal Jiménez. Pero su fortuna y sus relaciones no le sirvieron para evitar la cárcel, donde terminó acusado de ayudar a un sospechoso de participar en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018.
Hernández fue detenido en octubre de 2020 y recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde se ganó el apodo de El Finquero de Apure. Allí gozaba de ciertos beneficios, como tener nevera, televisor, microondas, radio y electricidad individual en su celda. También mantenía una buena relación con los funcionarios denunciados por tortura y violación de derechos humanos.
Cuando los delegados de la Alta Comisionada Michelle Bachelet visitaron la Dgcim el 7 de octubre de 2020, Hernández les gritó que ahí nadie había sido torturado y que las víctimas mentían. También les dijo que los presos que estaban en la celda de castigo, conocida como la Casa de Los Sueños, lo merecían por su mala conducta. Lo que no reveló fue que él mismo había delatado a algunos de esos presos, inventando que planeaban un motín para escapar. Entre ellos había dos coroneles que se habían traicionado entre sí. Hernández también pasó unos días en la Casa de Los Sueños, cuando se contagió de COVID y sufrió problemas renales.
El compadre de un exgobernador
Para entender el caso de Hernández, hay que remontarse a la historia de su compadre, Jesús Alberto Aguilarte Gámez, un capitán retirado del ejército que participó en el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992, junto con Hugo Chávez y otros militares. Aguilarte fue gobernador de Apure por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante los periodos 1999 – 2000 y 2004 – 2011, cuando renunció por presiones del gobierno. Durante su gestión, favoreció a Hernández, quien se convirtió en un potentado con negocios turbios.
Jesús Alberto Aguilarte Gámez
En 2012, Aguilarte fue asesinado a tiros en un local de comida rápida en Maracay, estado Aragua. Se sospechó que se trató de un sicariato por deudas del narcotráfico, pero nunca se capturó a los autores intelectuales. Seis hombres fueron detenidos como presuntos sicarios: Unai Bastidas y su padre Pedro Bastidas, Jesús Enrique Rodríguez, Renzo Torres, Spartaco Pacheco y Daninyer Daniel Ferraez. Posteriormente, se supo que Aguilarte había contactado con la DEA para darles información. Un amigo suyo contó a Infobae que Hernández lo había corrompido con drogas y mujeres, y que le había regalado la pistola que llevaba el día que lo mataron.
Un conflicto con el exgobernador Carrizalez
Tras la muerte de Aguilarte, Hernández siguió en Apure, donde tenía importantes inversiones. Se le consideraba una pieza clave del narcotráfico en la zona, que es una de las rutas más usadas por los carteles colombianos. Sin embargo, entró en conflicto con el entonces nuevo gobernador, Ramón Carrizalez, quien lo acusó de estar involucrado en actividades ilícitas. Hernández se defendió diciendo que era un empresario honesto y que Carrizalez lo perseguía por motivos políticos.
En ese contexto, surgió la figura del general Eslaín Moisés Longa Tirado, quien había sido el responsable del rescate aéreo de Chávez tras el golpe de 2002. Longa fue jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos de 2012 a 2013, y admitió tener una relación con Hernández, a quien conoció en 2011, cuando le pidió ayuda por la desaparición de una avioneta suya en el aeropuerto de Guárico. Según Longa, solo tuvo “ciertos tratos económicos” con Hernández, y usó su finca El Chaparralito para combatir el narcotráfico.
Una detención por relación con acusado de participación en conspiración
Reyes Gabriel Hernández
El 4 de agosto de 2018, se produjo un atentado con drones contra Nicolás Maduro, mientras daba un discurso en Caracas. El gobierno acusó a varios oficiales de estar implicados en el plan, y desató una cacería contra ellos. Hernández habría ayudado a uno de esos oficiales a escapar de Venezuela, y por eso fue detenido e imputado por magnicidio. Además, le confiscaron El Chaparralito y otras propiedades, que según los habitantes de Apure, usaba para hacer fiestas con mujeres y excesos. Entre sus invitados estaban el cantante Cristóbal Jiménez y Nixon España, de PDVSA.
Hernández también intentó controlar el PSUV en Apure, pero se encontró con mucha resistencia. Un dirigente del chavismo lo describió como “hablador, que trata de hacer amigos y su personalidad no es hostil, pero es muy hábil, envía regalos, halaga, hace y pide favores”. A pesar de eso, no pudo evitar que le quitaran todo lo que tenía. Le quedan algunas empresas en el exterior, pero ya no luce trajes de marca ni hace lujosas fiestas con exreinas de belleza.
Reyes Hernández: de ganadero poderoso a presunto perseguido político
Reyes Gabriel Hernández González es un ganadero venezolano que ha sido relacionado con el tráfico de droga y armas, lavado de dinero y otros delitos. Como se ha visto, su ascenso y caída se debe a sus nexos con figuras políticas y militares del régimen de Venezuela, entre ellas el exgobernador del estado Apure, Jesús Aguilarte Gámez, de quien fue hombre de confianza.
Reyes Hernández conoció a Aguilarte cuando este era gobernador de Apure, cargo que ocupó en dos períodos: 1999 – 2000 y 2004 – 2011. Durante su gestión, gracias a Hernández, Aguilarte se habría involucrado en actividades relacionadas con el tráfico de droga, armas y las fiestas con prostitutas. Reyes Hernández se convirtió en su mano derecha y se benefició de sus contactos políticos y con jefes castrenses, lo que le permitió extender su dominio por todo Apure.
Sin embargo, Hernández no pudo mantener su posición de privilegio por mucho tiempo. Mientras tanto, otro ganadero, Luis Bracho, ocupó el espacio vacante que dejó Reyes Hernández. Bracho tenía muchas más influencias y relaciones dentro del régimen en Venezuela, incluyendo al exgobernador chavista del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, a través de su yerno Rafael Villasmil.
Bracho se dedicó a comprar diferentes fincas ganaderas, convirtiéndose en propietario de gigantescos hatos, como el Hato Merecure, en el estado Apure, que cuenta con unas características geográficas especiales. En la misma zona han operado campamentos de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que hace sospechar de posibles vínculos entre el ganadero y estos grupos armados.
Reyes Hernández logró escapar de la DGCIM y huir a Estados Unidos, donde se presenta como perseguido político. Sin embargo, su credibilidad es cuestionable, pues mientras estuvo preso, fue acusado de inventar supuestos planes de fuga de otros de sus compañeros detenidos en la DGCIM y de negar que en la DGCIM se produjeran torturas, como lo indicó a una comisión de la ONU. Ya en libertad, Reyes Hernández ha cambiado su versión y ha reconocido haber sido víctima de torturas. Tras huir a Estados Unidos, Reyes señaló en una entrevista de prensa: «Yo estuve torturado, me pusieron corriente, me pusieron todo el jarabe que le dieron a los demás presos, que están adentro y unos que están afuera, lo viví con ellos. No tuve ningún tipo de privilegios dentro de la DGCIM».
La denuncia de El Finquero contra dos jueces de Apure
Tras huir de Venezuela, Hernández González había denunciado públicamente que dos jueces de Apure, Edwin Manuel Blanco Lima y José Antonio Méndez Laprea, le habían pedido medio millón de dólares para devolverle el hato El Chaparralito y limpiar su expediente. Según Hernández González, Méndez Laprea llegó a visitarlo a su casa, donde estaba detenido, y le exigió el dinero para entregarle la propiedad y dejarlo en libertad.
En un compartir Méndez Laprea tomando la selfie y Edwin Blanco el primero de la mesa
La liberación de Guillén Rosales y Jaimes Gómez ha generado controversia, pues se les ha presentado como presos políticos, cuando en realidad son señalados de formar parte de una mafia judicial. Una fuente judicial reveló que los dos liberados pertenecen a la misma tribu judicial que Méndez Laprea, quien a su vez es parte del mismo bufete que Gerardo Blyde, político y abogado venezolano, exalcalde del municipio Baruta de Caracas y jefe de la comisión negociadora en Barbados de la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana.
Según la fuente, Blyde negoció con el régimen de Venezuela la liberación de Guillén Rosales y Jaimes Gómez, como parte de un acuerdo político que incluyó la excarcelación de algunos presos políticos. La fuente afirmó que los dos liberados eran parte de la misma red de sobornos y extorsión que Méndez Laprea, y que Blyde los incluyó en la lista de liberaciones para sacar de su prisión a su pandilla de extorsionadores del Clan Fospuca.
El Clan Fospuca es el nombre con el que se conoce a la red judicial de Blyde, quien tiene como socio al empresario José Simón Elarba, dueño de la empresa de recolección de basura Fospuca. Elarba es amigo de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, y de ahí provendrían los contactos de Blyde con el régimen de Venezuela.
La respuesta del juez Méndez Laprea
Meses atrás, el medio Infobae publicó la denuncia de Reyes Gabriel Hernández González, dueño del hato El Chaparralito, quien afirmó que dos jueces de Apure le pidieron medio millón de dólares para devolverle su propiedad y borrar el expediente en su contra. Se trata de Edwin Manuel Blanco Lima y José Antonio Méndez Laprea, quienes estarían involucrados en una trama de poder político y judicial. Uno de los acusados, el juez Méndez, envió un escrito de ocho páginas a Infobae para defenderse de las acusaciones y presentarse como una persona íntegra, humilde y bondadosa.
En su escrito, en mayo de 2023, el juez Méndez se describió a sí mismo como: padre abnegado, buen hijo, buen hermano, casado, católico, intachable trayectoria, impecable ejercicio profesional, humilde, resaltando ser nieto e hijo de ex funcionarias del poder judicial y asegurando que se ha pretendido “mancillar mi honorabilidad”. Aseguró que “ser juez es una función casi divina” y que “por esa bondad, se han aprovechado de mí”.
El juez Méndez admitió que conocía a Reyes Hernández, porque su esposa “es prima hermana de la madre de mi hijo”, lo que explicaría que él visitara la casa de la suegra de Hernández, María Targelia Salazar Pinto, mientras este estaba en prisión domiciliaria. Sin embargo, no aclaró por qué Hernández lo acusó de pedirle medio millón de dólares, ni por qué habría de mentir al respecto, si según él mantenían un contacto “ameno y constante” con la familia Salazar Pinto.
El juez Méndez también negó tener algún amigo político o magistrado, y dijo que solo había visto una vez al ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, en el año 2020. Asimismo, trató de exonerar y elogiar al presidente del Circuito Edwin Blanco, a quien consideró “otro ejemplo de superación”, y al gobernador del estado, Eduardo Piñate, a quien defendió de cualquier injerencia en las decisiones judiciales. Según el juez, la denuncia de Hernández tendría como objetivo generar un conflicto entre Piñate y su antecesor, Ramón Carrizales.
El juez Méndez cuestionó la versión de Hernández, quien dijo que el gobernador Piñate lo llamó para reunirse con él y con el juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, quien le otorgó la libertad. El juez Méndez argumentó que si el gobernador dio la orden, ¿por qué Carlos estaba detenido?, y afirmó que el gobernador nunca ha tenido injerencia en las decisiones del Circuito Judicial Penal del estado. No obstante, Hernández nunca afirmó que el gobernador ordenara al juez Jaimes darle la libertad, sino que lo animara a decidir conforme a la ley.
Finalmente, el juez Méndez aseguró que no poseía bienes, que vivía con su familia en la casa de su abuela y que solo tenía la casa heredada por sus difuntos padres. “No poseo terrenos, fincas, bienes fuera del estado o del país, ganado u otros objetos de gran valor”, dijo, tratando de demostrar su supuesta honestidad y humildad.
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