Un análisis desde Argentina coloca la relación del kirchnerismo que encarna Alberto Fernández y el chavismo de Nicolás Maduro como peligrosa a nivel de seguridad nacional.
Nazareno Etchepare| Perfil
La relación del gobierno del Presidente Alberto Fernández con el régimen narcoterrorista de Venezuela mantiene los mismos niveles de absurdo que tuvieron en su oportunidad Néstor Kirchner y Cristina Fernández, siendo esto un verdadero desafío a nuestra seguridad nacional.
El día que éste asumió invitó a Jorge Rodríguez, actual jefe de la delegación de Nicolás Maduro en las negociaciones en México y uno de los verdaderos hombres fuertes del régimen; hecho que provocó la ausencia del enviado especial del Presidente de los EEUU, el director para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad, Mauricio Claver-Carone. Este vínculo con el chavismo tiene aspectos que resultan particularmente peligrosos a saber:
Los más buscados. Narcotráfico
El 26 de marzo de 2020 William Barr, fiscal general de Estados Unidos, anunció la presentación de cargos en los tribunales contra el presidente de Venezuela por los delitos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y tenencia de armas y otros artefactos destructivos. Además de Maduro, se presentó acusación contra otros altos dirigentes chavistas, como Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia entre otros. Estos están sindicados como los líderes del denominado “Cartel de los Soles” (3), y sobre quienes pesa además orden de captura internacional, así como una recompensa de u$s 15.000.000 (4). Esto, sumado al antecedente de los “Narco Sobrinos” (5) y la caída en desgracia del narco colombiano Dairo Antonio Úsuga “Otoniel” (6), colocan al régimen de Maduro como una verdadera amenaza para la región y un inconveniente aliado de la gestión de los Kirchner y Fernández, que afecta los intereses y principios fundamentales de nuestro país.
Recientemente el jefe de inteligencia de Chávez, Hugo Armando Carvajal Barrios, “El Pollo”, reveló que Hugo Chávez envió USD 21 millones en valijas para financiar la campaña de Cristina Fernández (7). Esto habría ocurrido en el 2007 antes que estallara el escándalo de Antonini Wilson (8). Desde 2019 el ex funcionario tenía orden de captura internacional, quien hoy en España, espera ser extraditado a los EEUU.
En Nueva York, el fiscal Geoffrey Berman, impulsa una investigación por la supuesta importación de cocaína a los Estados Unidos de Venezuela a México en abril de 2006. En su declaración ante el Juez Manuel García Castellón, Carvajal expresó «el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años, entre ellos financió la creación del partido político español Podemos» (9). Estos recursos se destinaron a fundar y sostener movimientos políticos de corte socialista y enemigos del llamado mundo libre. En el caso argentino, el estrecho vínculo con el gobierno de Néstor y Cristina, se habría visto especialmente reflejado en la denominada “Embajada paralela” (10) y en los intentos del régimen iraní durante el gobierno de Mahmud Ahmadineyad para acceder a tecnología nuclear (11) mediante la triangulación con el gobierno de Hugo Chávez.
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La corrupción chavista y su impacto en la región
La actividad delictiva de los miembros del régimen no se agotan en el narcotráfico y sus vínculos con el terrorismo, recientemente fue extraditado a los EEUU el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab Morán. Se lo acusa en Estados Unidos de lavado de dinero y participar de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano (12). Esta detención ha sido un verdadero golpe (13) difícil de asimilar para el chavismo. La investigación a Saab se suma a otras cinco personas ligadas a la dictadura, donde se los “acusa a tres ciudadanos colombianos y a dos venezolanos por su presunta participación en el blanqueo de los ingresos procedentes de contratos de suministro de alimentos y medicinas a Venezuela, obtenidos mediante sobornos” (14) y se ofrece recompensa por otros socios (15). El testaferro del chavismo había sido sancionado por la administración de Trump por utilizar una red de empresas fantasma que se extienden por todo el mundo –en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México– para ocultar enormes ganancias de contratos ilícitos de alimentos obtenidos mediante sobornos y comisiones ilegales.
En nuestro país la causa de la “Embajada paralela” tiene como epicentro una investigación con aspectos en común con la mecánica criminal de la que se acusa al colombiano señalado como testaferro de Nicolás Maduro. En este proceso, el juez Marcelo Aguinsky busca que el régimen le dé precisiones sobre cómo fueron los negocios que el chavismo entabló con un grupo de empresarios argentinos a través del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio de Vido (16). El magistrado consideró probado que los hermanos Juan José, Carlos y Alejandro Levy lavaron en la Argentina decenas de millones de dólares que obtuvieron del gobierno de Venezuela mediante una defraudación. El dinero en cuestión provendría de contratos de provisión de todo tipo de mercaderías con sobreprecios.
Crímenes de Lesa Humanidad
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El anuncio se hizo en el Palacio de Miraflores, durante la firma de un memorándum (17) de entendimiento con Nicolás Maduro, quien se comprometió a cooperar con el proceso. Este es el primer país de Latinoamérica que será investigado por la CPI. Sin embargo, nuestro país optó por la salida del Grupo Lima y el retiro de la demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya en los días previos a que La fiscal Fatou Bensouda confirmara que estaba cerca de presentar sus hallazgos sobre el régimen chavista; agravando un incoherente y peligroso alineamiento con el narcotráfico, el terrorismo y otras potencias no democráticas.
El Foro Penal de Venezuela denunció (18) que en la actualidad hay en el país hay 252 presos políticos. Según la ONG entre los detenidos hay 120 civiles y 132 militares. La organización no gubernamental venezolana explicó que hay 237 hombres y 15 mujeres, y que de los 252 detenidos uno es adolescente. Desde 2014 se han registrado, según esta organización 15.747 detenciones por razones políticas en Venezuela, donde más de 9.000 personas tienen todavía “medidas restrictivas de su libertad”. Esto se suma al informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet (19), quien reveló que las fuerzas armadas y de seguridad cometieron 6.856 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019 a manos de las FAES y otros colectivos violentos. Asimismo, el estudio de la ONU de septiembre de 2020 identificaba “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado” y denunciaba «una conducta generalizado y sistemática, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.
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