El más sanguinario de los torturadores del régimen de Maduro se ha hecho responsable de una gran cantidad de hechos atroces que le han permitido ser ahora un millonario empresario protegido por la dictadura de Caracas.
Redacción | NTN24
En las páginas más oscuras de las torturas que se aplican a disidentes y opositores en Venezuela, uno de los primeros nombres que aparece como responsable es el de Alexánder Enrique Granko Arteaga (42), un Teniente Coronel de la Guardia Nacional, de quien se comenzó a escuchar cuando asesinaron a sangre fría al rebelde Óscar Pérez y sus aliados, a pesar de que se había rendido.
Aquel episodio pasó a la historia como “La masacre del Junquito”, un hecho que fue seguido por el país entero en vivo, gracias a la transmisión de mensajes de Óscar Pérez, un exfuncionario del CICPC que había declarado la guerra al régimen, pero que al momento de ser asesinado, había negociado su rendición y entrega a las fuerzas de orden que lo rodeaban, entre quienes estaban Granko Arteaga.
Poco después, ese funcionario despiadado ya era jefe de la Unidad de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección general de Contrainteligencia Militar, DGCIM, de la mano de Iván Hernández Dala, y hoy día su brazo ejecutor de las más horrendas prácticas de tortura.
El largo y extenuante trabajo que hizo en Venezuela la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos de las Naciones Unidas (ONU) recogiendo pruebas y testimonios de víctimas entre 2017 y 2022, lo ubican como un hombre que “ordenó, supervisó y participó directamente en arrestos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y torturas, incluida la violencia sexual, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
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Además del terrible capítulo de Óscar Pérez, Granko Arteaga es señalado como responsable de la tortura y muerte del Capitán Acosta Arévalo, arrestado bajo la peor acusación que se pueda tener en Venezuela: traición a la Patria y conspiración.
En la DGCIM de Granko Arteaga y Hernández Dala se cometen “abusos aberrantes que constituyen tortura para obligar a las víctimas a aportar información sobre supuestas conspiraciones”, dijo en 2019 José Miguel Vivanco, entonces director para las Américas de HRW.
En el mismo informe de Misión, se recoge que las víctimas aseguraron que a diferencia de otros “Granko Arteaga no se cubría la cara durante las torturas, Él mismo amenazaba a las víctimas, les propinaba golpes y les aplicaba otros medios severos de tortura, al tiempo que daba órdenes y supervisaba las acciones de sus subordinados. Estas órdenes incluían actos de violencia sexual, como golpes y descargas eléctricas en los genitales de los detenidos y desnudez forzada”.
Las acusaciones contra GA son tales, que la Unión Europea y la Oficina de control de Activos del Departamento del Tesoro lo sancionó por “abusos sistemáticos contra los derechos humanos”.
Pero infligir dolor físico y persecución sicológica dejó de ser hace tiempo su único negocio. En pocos años, el frío uniformado pasó a ser un poderoso acreedor de mansiones, vehículos de lujo, tiendas de equipo táctico y haciendas.
Su nombre vuelve a estar en la palestra, esta vez no por su colaboración al régimen torturando a disidentes, sino por ser uno de los millonarios que están en el blanco de la operación anticorrupción que Maduro ha decidido llamar “caiga quien caiga”.
El oficial Granko Arteaga ya no extorsiona a disidentes, ahora negocia crudo, participa en actividades del puerto de La Guaira y Puerto Cabello, específicamente en la exportación de material ferroso que se acumula en miles de toneladas de chatarra y que se vende y parte rumbo a países asiáticos como Singapur y Vietnam.
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