Una investigación del Ministerio Público de Venezuela develó años atrás una trama criminal del exministro chavista Haiman El Troudi que llevó a fiscales venezolanos hasta Suiza, donde fueron congelados los bienes de la esposa y suegra del exfuncionario.
El congelamiento de bienes en Suiza dejó en evidencia todo lo que poseía el exfuncionario y su familia en el país helvético.
Investigaciones de prensa han revelado los gustos por el lujo y los viajes que disfrutaba El Troudi y a su vez los vínculos con el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht que siempre salía a relucir en obras del sector transporte y construcción, mientras El Troudi estuvo en el cargo ministerial.
Una serie de documentos que envió la fiscal general de la Confederación suiza, Francesca Ghilardi, al Ministerio Público venezolano, resumió que millones de francos suizos salieron de una de las compañías fachada de Odebrecht hasta las cuentas bancarias de la empresa Alfa International, S.A., posteriormente ese dinero fue a las cuentas de Elita del Valle Zacarías Díaz y María Eugenia Baptista Zacarías en Suiza (nuera y esposa del exfuncionario). Las investigaciones han revelado que la cifra alcanzó los 145 millones de dólares, monto que había sido supuestamente pagado para las obras de la línea cinco del Metro de Caracas el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletren de Petare; ninguna de las cuales fue concluida.
En el año 2015 cuando la Fiscalía de Suiza logró congelar 48 millones de dólares a la nuera y a la esposa del exfuncionario, se informó que el dinero estaba distribuido en las cuentas de banco Credit Suisse por 28 millones, Banque Heritage 4 millones y BNP Paribas 10 millones de dólares. Pero el procedimiento no llegó hasta allí. También se demostró que las mujeres poseían tres inmobiliarias en Francia y un edificio en París, valorados en 16 millones de euros.
La esposa de El Troudi, María Eugenia Baptista, mencionada en esta trama de corrupción, estuvo siempre al lado de él durante los distintos cargos que ejerció en la administración chavista. Era su asistente personal y no había acto público o viaje al que ella no le acompañara. Al exministro y a su familia le encantaba viajar a Europa de paseo y darse lujos en primera clase. En el año 2016 salió a la luz pública un viaje familiar en el que los El Troudi fueron a París, Francia, a Point A Pitre, en la isla de Guadalupe. Se trasladaron en un vuelo de Air France.
Tan poeta es Haiman El Troudi que, como dice el chiste sobre los malos poetas, viven en la Luna, pero bajan religiosamente quince y último a cobrar lo suyo. Aunque en su caso específico eso de tener un salario en bolívares le entusiasmó tan poco que su paso por la administración pública fue del tipo fugaz, probablemente porque semejante carga burocrática no le permitía fumar en paz sus habanos Cohiba Edición Limitada, 250 dólares cada uno, que solía disfrutar con sus amigos en un exclusivo restaurante de la caraqueña urbanización Las Mercedes, mientras los obreros del Metro de Caracas tragaban un tipo de humo bien distinto al del entonces ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, el cual tantas veces contrató a los chicos de Odebrecht para que no hicieran casi nada.
También le aburrió ser electo diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a finales de 2015. Tan poquito le atrajo compartir el Hemiciclo con la mayoría opositora que arrasó en esa contienda, que apenas acudió a las sesiones en 2016 (39% fue su récord de asistencia según Transparencia Venezuela), aunque aprovechó muy bien el 60% de tiempo restante viajando con toda su familia en Clase Ejecutiva a París para trasladarse luego hasta la Isla de Guadalupe, donde la banca -nueve empresas para un sitio tan pequeño- ofrece cualquier cantidad de posibilidades off shore a quien pueda interesar.
Con su rostro de niño bueno, su paso por la política fue la de un funcionario semiclandestino, al extremo de que ni siquiera el escándalo planetario de Odebrecht logró despeinar al muchacho de Barinitas, señalado de ser presuntamente uno de los funcionarios beneficiados en el esquema mafioso de los brasileños.
Porque, de acuerdo a la documentación que envió la fiscal general de la Confederación suiza, Francesca Ghilardi, a la Fiscalía de Venezuela, “millones de francos suizos que salieron de Cresswell Overseas Ltd. -una de las probadas fachadas de Odebrecht– fueron transferidos hasta la cuenta bancaria de Alfa International, S.A., dinero que terminó en las cuentas de Elita del Valle Zacarías Díaz y María Eugenia Baptista Zacarías en Suiza y en el extranjero”.
La suma, a la larga, alcanzó los 145 millones de dólares “pagados” para echar a andar -es un decir-, la Línea 5 del Metro de Caracas, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletren de Petare, todos durante su administración y todas obras sin culminar. Y aunque el escándalo se amplificó años más tarde, cuando el asunto involucró 48 millones de dólares que le congelaron en Suiza a su esposa, María Eugenia Batista, y a su suegra Elita del Valle Zacarías, y se demostró que poseían tres inmobiliarias en Francia y un edificio en París, cotizado en 16 millones de euros, la investigación de la fiscalía venezolana culminó en nada porque un juez, Luis Argenis Marcano Sarabia -a cargo del Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Control de Caracas– actuando a motu proprio eximió de toda responsabilidad a la esposa y la suegra en 2018, y Haiman El Trudi pudo continuar con su vida como si nada. O casi.
Porque el exministro se ha ocupado de utilizar su bien pagado dolce far niente para tratar de lavarse la cara con una de las banderas más simpáticas posible: La defensa del medio ambiente. Y para ello ha puesto en práctica esa forma contemporánea de comprar indulgencia plenaria como lo es la de construirse una reputación paralela en las redes sociales cambiando su franela de presunto corrupto por la de un simpático defensor del medio ambiente.
Porque de eso está lleno su Twitter @HaimanVZLA, a cuyos seguidores bombardea a diario con imágenes de santos y altares; así como de animales en peligro de extinción; la ruta de las aves migratorias y una que otra foto de paisajes venezolanos, del tipo catálogo de feria turística, donde Boconó es bien bonito, en Lara hay un desierto milenario y lo importante que ha sido el regreso de una piedra gigante a La Gran Sabana.
Pero ni por asomo se da por enterado que Lara y Trujillo son castigados constantemente porque no hay luz, ni agua, ni gasolina, ni empleo, y mucho menos va a publicar que en el Hospital de Barquisimeto, en plena pandemia, no hay agua. Así como ignora que la minería, a manos de mafias amparadas por el Gobierno, está destruyendo La Gran Sabana. Lo suyo son los indígenas bailando rituales.
Por supuesto esta estrategia la duplica en el blog que lleva su nombre, el viejo truco para lavarlo y donde no solo se dedica a salvar al planeta de la contaminación y publica fotos bien bonitas de corales, tiburones, delfines y mares, sino que incluye un pequeñito espacio donde se atreve a hablar bien de sí mismo y recomendar sus libros, entre ellos “Ser capitalista es un mal negocio” -porque obviamente, ser ministro del PSUV resulta mucho más rentable- y el único poemario que lleva su firma, “Golfo de Sepias”.
Pero al Community Manager se le pasó la publicación de uno de sus poemas donde el exministro parece finalmente reconciliarse con su verdadero yo: “Huraño y despiadado conmigo mismo militante y solitario culpable. Mi condena instintiva busca pretextos”.
En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi.
La historia en Portugal
Una de las tantas rutas del dinero de Odebrecht llegaba hasta Lisboa, al tradicional barrio de Chiado, el más caro de la capital portuguesa. Allí, en el edificio ubicado en el número 31 de la exclusiva calle Ivens, destaca un apartamento dúplex a nombre de María Eugenia Baptista Zacarías, que lo adquirió a escasos meses de que su esposo, Haiman El Troudi, asumiera como ministro para el Transporte Terrestre y Obras Públicas del gobierno de Nicolás Maduro.
Baptista creó el 21 de noviembre de 2013 una pequeña empresa en Lisboa, de nombre Publicicorp –sin empleados ni actividad–, que en cuestión de dos meses le sirvió para adquirir el inmueble, por 1,5 millones de euros. Lo hizo mediante un crédito del Banco Espirito Santo de Portugal por 900.000 euros, según copias de la escritura y el contrato de hipoteca obtenidos en el registro inmobiliario de Lisboa.
La historia del apartamento aloja, como pocas veces, al elenco de actores que figuran en la trama venezolana del ya célebre escándalo de Lava Jato, en el que, a cambio de contratos y sobreprecios, Odebrecht y otras contratistas brasileñas pagaron sobornos a presidentes y ministros de 12 países de América latina y África, según la web armando.info.
Hace ya más de cinco años que la trama local de Odebrecht en Venezuela señala hacia el exministro Haiman El Troudi. Varias transferencias bancarias lo comprometían junto a socios y familiares, por depósitos que salieron de las compañías offshore de Odebrecht. Los Pandora Papers ahora añaden que buena parte del dinero se depositó en el entonces poderoso y luego hundido Banco Espírito Santo (BES) de Portugal, a través de una empresa registrada en Panamá con el nombre de Cresswell Overseas.
A partir de más de 11,9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se puede seguir parte del flujo del dinero de Odebrecht Venezuela.
Las autoridades suizas encontraron cuatro años atrás una relación entre la esposa y la suegra de El Troudi –María Eugenia Baptista Zacarías y Élita del Valle Zacarías Díaz, respectivamente– con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias, entre las que destaca una abierta a nombre de la panameña Cresswell Overseas. Eso advirtió la fiscal general de la Confederación Suiza, Francesca Ghilardi, en un documento apostillado que envió a Venezuela el 13 de diciembre de 2017 a la sede de la Fiscalía General de la República, a través de su embajada en Caracas.
En total, Odebrecht transfirió 92,1 millones de dólares a Cresswell entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, al tiempo que mantenía los contratos de las tantas veces prometidas y nunca concluidas obras de la Línea 5 del Metro de Caracas, del Metro Guarenas-Guatire, de la Línea 2 del Metro de Los Teques y del Cabletrén de Petare.
Haiman El Troudi entonces era políticamente responsable de estos proyectos. No solo detentaba el cargo de ministro para el Transporte y Obras Públicas y presidente del Metro de Caracas desde mayo de 2013, sino que también compaginaba este rol con otro que tenía desde 2010: el de presidente del Metro de Los Teques.
La cantidad de dinero que Odebrecht canalizó vía Cresswell ya había sido revelada por una investigación anterior de ICIJ, La División de Sobornos, pero aún no se conocía la participación del Grupo Espírito Santo en el esquema de lavado; también había dudas sobre los vínculos del ministro con el beneficiario de esa sociedad offshore.
El dueño de la empresa, el venezolano Leopoldo José Briceño Punceles, siempre negó su participación en la trama Odebrecht hasta que en 2019 reconoció, a través de su abogado, que cabildeó para que el gobierno venezolano pagara y emitiera bonos para cancelar deudas pendientes con Odebrecht. Pero un nuevo giro en esta historia permite advertir, a partir de los Pandora Papers, que detrás de este ciudadano venezolano residenciado en el sur de la Florida hay un camino que conduce al Banco Espírito Santo y a la propia esposa de El Troudi.
María Eugenia Baptista está casada con Haiman El Troudi y trabajó en el Metro de Caracas mientras su esposo era el primero a bordo. Es hija de Pedro Baptista, recordado hípico, dueño del caballo Cañonero que en 1971 estuvo a punto de ganar la Triple Corona de Estados Unidos. De hecho, por unos años, antes de mudarse a un apartamento en la urbanización Altamira del noreste de Caracas y, de allí, al extranjero, la pareja vivió con sus hijos en una quinta bautizada con el nombre del potro en el sector de La Florida, también en la capital venezolana. El propio El Troudi recordaba la hazaña en una entrada de su blog personal, al cumplir medio siglo.
Archivos confidenciales de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados de Panamá cuya base de datos constituye uno de los orígenes de la filtración de Pandora Papers y que incorporó a la empresa Cresswell Overseas, muestran detalles de cómo, entre 2012 y 2014, quien pide la incorporación de la empresa no es precisamente el venezolano Briceño Punceles, sino el ciudadano portugués Paulo Murta, un gestor del Espírito Santo que fue extraditado a Estados Unidos para ser procesado en una corte de Houston, por varias denuncias de lavado de dinero proveniente del estado venezolano en esa institución bancaria de Portugal.
El intercambio de correos muestra cómo Murta abrió y administró cuentas a nombre de esta sociedad offshore en Espírito Santo Bankers Dubai (ESBD) y en la sucursal financiera que el Banco Espírito Santo tenía en Madeira, isla portuguesa en el océano Atlántico, a la que siguió una última cuenta abierta en julio de 2014 en el ya célebre Meinl Bank de Antigua y Barbuda, el banco que Odebrecht había adquirido y reestructurado a su medida para operar, desde esa isla del Caribe, el esquema trasnacional de sobornos que ya se conoce.
El presidente y dueño del Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, fue imputado junto a otros 24 procesados por delitos de corrupción activa, fraude, manipulación de mercado, falsificación de documentos, lavado de activos y asociación para delinquir. La justicia portuguesa los acusó de haber cometido una gestión ruinosa que llevó a uno de los principales bancos de la península ibérica a perder 11.800 millones de euros. Pero hubo partes de la historia que quedaron fuera de esta acusación, entre ellas, el caso de Cresswell Overseas.
Mediante una carta enviada el 8 de enero de 2020 por la fiscal portuguesa, Olga Barata –a cargo del caso del Espírito Santo–, a su también colega del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, Anabella Furtado, que desde 2018 investiga a Odebrecht en Portugal, queda claro que si bien Leopoldo Briceño Punceles es el “titular formal” de Cresswell Overseas, “se han reunido pruebas suficientes [sobre el hecho de] que esta entidad pertenece realmente a María Eugenia Zacarías, esposa de Haiman El Troudi”.
La fiscal Olga Barata agrega en la carta que la esposa de El Troudi es una “ciudadana venezolana residente en Portugal”, que estuvo representada por un abogado venezolano llamado Luis Enrique Delgado Contreras. Se trata del mismo Luis Delgado que desde hace años ha venido apareciendo como ficha clave en la trama venezolana de Odebrecht: su nombre no solo quedó apuntado en Suiza como otro de los firmantes de las cuentas congeladas y relacionadas con la esposa de El Troudi, sino que en los tribunales de Brasil fue denunciado por los propios representantes de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo y Alessandro Dias, como una suerte de caballo de troya que emplearon para infiltrarse en ministerios y oficinas públicas, obtener beneficios y hasta forjar documentos.
El documento también revela cómo Cresswell Overseas invirtió entre enero de 2013 y 2014 un total de 50 millones de dólares en acciones preferentes de Espírito Santo Overseas Limited (ESIOL), una sociedad del mismo grupo inscrita en las Islas Caimán para gestionar los préstamos otorgados por el banco.
Aunque Odebrecht no se menciona en ninguno de los volúmenes del proceso penal por el escándalo del Banco Espírito Santo, se ha podido confirmar que el caso penal abierto en 2018 en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal de la fiscalía portuguesa tiene que ver con sobornos pagados por esa constructora brasileña.
Un informe elaborado por el Ministerio Público portugués en marzo de 2019, que figura en los volúmenes de los procesos penales del Espírito Santo y que pudo ser consultado para esta investigación, describe cómo esta inversión de 50 millones de dólares por parte de Cresswell fue hecha de forma indirecta a través de otra sociedad offshore llamada Eurasian Investimentos Limitada. Constituida en Macao -excolonia portuguesa sobre el delta del río de las Perlas y hoy región administrativa especial china, con un estatus similar al de Hong Kong en enero de 2013 y con una cuenta bancaria en el Banco de China, Eurasian fue administrada por el suizo Michael Ostertag y el portugués Paulo Murta, quienes operaban desde una pequeña empresa de gestión de activos llamada ICG y con oficinas en Suiza y Dubai.
Interrogado también por el Ministerio Público suizo en Berna, en julio de 2018, Michael Ostertag dijo que Maria Eugenia Zacarias era la persona detrás de la inversión de 50 millones de dólares de la sociedad que el Espírito Santo tenía en Islas Caimán con el nombre de ESIOL para gestionar créditos especiales. Explicó a los fiscales que el expediente de este cliente lo manejaba Paulo Murta en su bufete de ICG, pero que había visto los documentos de identidad de la esposa de El Troudi.
Cruzar los Pandora Papers con el caso penal principal del Espírito Santo con lo que ya se sabía de Suiza y Brasil permite entender que, al menos, una pequeña porción de los más de 30.000 millones de dólares del presupuesto venezolano destinados a levantar puentes, líneas de metro y centrales hidroeléctricas llegaron hasta un fondo para reflotar el fracasado Banco Espírito Santo, que desde 2009 confrontaba problemas de liquidez a causa de irregularidades administrativas, y que en 2014 colapsó y fue intervenido por el Estado.
¿Cómo es que semejante flujo de dinero y un destinatario tan políticamente expuesto no fueron detectados en Panamá por los empleados de Alcogal, el bufete que proporcionó los administradores de fachada para Cresswell y que estaba firmando todos los trámites necesarios?
En junio de 2017, cuando la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público de Panamá solicitó a Alcogal información sobre esta empresa, el despacho se limitó a responder que “a lo largo de los años han tenido una relación satisfactoria” con el intermediario, el bufete ICG que administraba Paulo Murta. Que ordenaban periódicamente “la formación de empresas para sus clientes” y que no habían notado nada sospechoso.
Sin embargo, durante los primeros dos años de existencia de Cresswell, Alcogal no tenía ninguna información sobre quién era el propietario de esta empresa offshore. En enero de 2013, el bufete de abogados incluso preguntó a ICG quién era el beneficiario final de Cresswell, pero Michael Ostertag respondió que solo compartiría esta información si era “requerida por las autoridades panameñas como parte de una investigación”. Ostertag agregó: «Estamos tomando todas las precauciones para garantizar que no se lleve a cabo el lavado de dinero». Una declaración que choca con lo que confesó cinco años después, cuando fue interrogado por fiscales en Suiza.
Interpelado previo a los Pandora Papers, Alcogal argumentó que “la legislación de Conozca a su Cliente [KYC, Know your Client] en ese momento permitía a los agentes residentes confiar en intermediarios profesionales para llevar a cabo los pasos apropiados, incluida la identidad y la documentación de respaldo del beneficiario final, como lo requiere la ley en su país de operación”. Dice que no estaba violando ningún marco jurídico. «Nuestra relación profesional se llevó a cabo en consecuencia, y los proveedores de servicios se encargaron de realizar la debida diligencia conforme a la ley».
Alcogal fue por fin informado del beneficiario final de Cresswell en julio de 2014, cuando ICG necesitaba abrir una cuenta bancaria para esa compañía offshore en un banco fuera del universo de Espírito Santo, el Meinl Bank.
Fue entonces cuando apareció el nombre de Leopoldo José Briceño Punceles, ciudadano venezolano de 50 años. Un informe de KYC entregado a Alcogal indicaba que había sido director ejecutivo de Cresswell desde 2012. Curiosamente, el informe no hacía referencia a otra empresa offshore, Gran Captive Financial Ltd., de la que también era propietario formal pero cuyo verdadero beneficiario, según el Ministerio Público en Portugal, fue Rafael Cure López, empleado de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela.
Antes, en la década de los noventa, Briceño Punceles se había convertido en propietario de una empresa frutícola. Egresado de la academia militar y licenciado en marketing, mencionó en su currículo que había asistido a un curso en 2010 sobre legitimación de capitales.
Según un conjunto de formularios bancarios encontrados en los Pandora Papers, entre el 22 de julio y el 5 de agosto de 2014 se transfirieron 8,2 millones de euros y 2,4 millones de dólares de la cuenta de Cresswell desde la sucursal que el Espírito Santo tenía en Madeira –encargada de los negocios internacionales y, en particular, de los negocios con Venezuela– a la nueva cuenta que Paulo Murta había abierto en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda. Los documentos añaden que entre julio y octubre, la cuenta del Meinl Bank recibió 13 millones de dólares y un millón de euros de Fincastle Enterprises Ltd, una de las empresas fantasmas de Odebrecht, justificado por un “contrato de consultoría para la adquisición de inmuebles”.
Consultado en 2019 para el proyecto La división de Sobornos, el mismo abogado de Briceño Punceles lamentó que parte del dinero de Cresswell fuera congelado en Antigua y Barbuda. Entonces mencionó, ironías de esta historia, que su cliente pasó años luchando por recuperar los 50 millones de dólares que Odebrecht había depositado en esa empresa. Ahora, pareciera lógico pensar que, con cierta probabilidad, fueron los mismos 50 millones que se gastaron en las acciones tóxicas del Grupo Espírito Santo. Un precio aparentemente alto para una lavadora.
Luz Marina Velásquez acumula casi la mitad de sus 48 años recorriendo los 30 kilómetros que separan a la estación Parque del Este en Caracas de su casa en Guarenas, estado Miranda, a 45 minutos de la capital venezolana. La vida se le va en un ida y vuelta continuo, de lunes a viernes, en transporte público. En este trayecto puede tardar de dos a cuatro horas dependiendo del lugar donde trabaja como empleada doméstica. Todo un trajín que la desvela y le quita el tiempo que bien podría disfrutar con sus hijos.
En 2008 vio por primera vez a un grupo de hombres con cascos y máquinas pesadas a un costado de la autopista que conduce a Guarenas. También padeció las largas colas de automóviles que se formaban por la interrupción constante del tráfico debido a las obras. Sin embargo, la esperanza aliviaba sus molestias. Se imaginaba montada en el vagón del metro Caracas-Guarenas-Guatire, según un reporte de la Alianza Rebelde Investiga.
“Uno pensaba que el traslado sería más rápido. Que íbamos a dormir un poquito más y a tener más tiempo para compartir con la familia, con mis hijos”, recuerda Luz Marina. No sospechaba que esas enormes columnas de concreto que permanecen sobre la autopista formarían parte de la pieza clave del mecanismo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, en la cual se gastaron casi 9 mil millones de dólares, producto de la sobrefacturación, sin que nunca empezara a andar.
Lo que sí comenzaron a rodar cuesta abajo fueron las esperanzas de Luz Marina. Sintió cómo su ilusión se desvanecía en cuestión de seis años, desde que vio los primeros trabajos del sistema de transporte en 2008 hasta 2014, cuando cayó en cuenta de que el metro Caracas-Guarenas-Guatire era otra promesa descarrilada del chavismo.
“Fue pasando el tiempo y uno veía esas columnas levantadas y que le montaban los rieles a unos tramos. Creía que de verdad se estaba haciendo un trabajo. Pero también veía que las columnas de otros tramos seguían sin terminar. Yo recuerdo que en 2014 mi hermana siempre me decía que ‘en la autopista para Caracas no están haciendo nada, no hay columnas ni túneles’. Era verdad. Entonces entendí que a eso todavía le faltaba mucho”, relata la mujer desde su casa en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas.
En realidad, al metro Caracas-Guarenas-Guatire no le falta mucho sino casi todo. Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Hoy de esos 8 millones 972 mil dólares entregados a Odebrecht entre 2006 y 2015 mediante contratos complementarios, solo quedan unas columnas que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión.
Las cifras de la inversión asignada al metro Caracas-Guarenas-Guatire corresponden a una base de datos que registra los documentos hallados durante dos allanamientos realizados el 14 de febrero de 2017 en dos oficinas de Odebrecht en Caracas.
La documentación encontrada por los fiscales y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue revisada y procesada por un equipo conformado por tres expertos auditores, quienes organizaron toda la información en una tabla Excel, que recoge 275 contratos firmados por la constructora brasileña con el chavismo desde 2002 hasta 2015.
En esa tabla -de la cual se informarán más detalles en una próxima entrega del especial de Investiga Lava Jato– figuran los montos de los contratos, adendas, modificaciones de los presupuestos, los ministerios y empresas del Estado clientes de Odebrecht y los funcionarios firmantes tanto de Venezuela como de Brasil.
La información confidencial, a la que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga (ARI), es reveladora. En el caso específico del metro Caracas-Guarenas-Guatire evidencia el derroche y la corrupción que esconden las columnas de concretos abandonadas. La obra comenzó con un presupuesto de 1.303 millones de dólares y aplicó la fórmula de los sobreprecios para convertirse en la pieza clave del mecanismo de desfalco de Odebrecht en Venezuela.
El 2006, Hugo Chávez aprobó un presupuesto de 1.303 millones de dólares para la obra y el monto fue firmado el 21 de diciembre de ese año por el entonces presidente del metro de Caracas, Gustavo González López. Tras 24 modificaciones al presupuesto inicial, la mayoría de los cambios aprobados a través de puntos de cuentas -memos oficiales- firmados por el propio Chávez entre 2006 y 2012, el monto creció hasta los $8.981 millones. Se sumaron $7.678 millones en sobrecostos. Es decir, el valor de la obra se incrementó 589%. Terminó costando siete veces más.
Transparencia Venezuela identifica que la fórmula mixta de los presupuestos, que en algunos casos, como el del metro Caracas-Guarenas-Guatire, contemplaban euros además de bolívares y dólares, también se prestaba para las distorsiones en los pagos adicionales.
Según expertos en contratos consultados por Transparencia Venezuela, en las modificaciones de los montos reflejados en diferentes monedas se encuentra un posible mecanismo de corrupción en los acuerdos con la constructora brasileña (Informe Odebrecht 2018).
Quince adendas referentes a las “modificaciones de cláusulas de contrato” fueron las que recibieron mayores asignaciones, un total de 6.369 millones de dólares. Prácticamente la totalidad de ese monto por modificaciones (6.353 millones de dólares) fue aprobado por Haiman El Troudi como representante del Estado venezolano, según revela la base de datos sobre las obras de Odebrecht en Venezuela a la que tuvo acceso ARI.
Además, los datos demuestran que el presupuesto asignado para esta sola obra del gigante brasileño en Venezuela supera los 6.000 millones de dólares en sobrecostos de 50 obras de Odebrecht en siete países de Latinoamérica y África, develado en 2017 por la investigación de la Alianza Investiga Lava Jato, bajo la coordinación de Convoca.
Además, el metro Caracas-Guarenas-Guatire recibió otros aportes extra a las adendas. Según la memoria y cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre, publicado a 9 años de que se firmara el contrato de construcción, esta obra recibió un crédito adicional de 7.267 millones de bolívares (más de 1.153 millones de dólares, a tasa de cambio oficial de la época), señala el decreto 1.639 publicado en la Gaceta Oficial 40.607 del 24 de febrero de 2015.
Por eso, cobra especialmente sentido la declaración que dio en diciembre de 2016 el exgerente general de Odebrecht en Venezuela, Alessandro Gomes, ante la Procuraduría de Brasil. Como parte de su acuerdo de cooperación en la investigación del Lava Jato, Gomes aseguró: “La obra que más generó para la Caja 2 (administración paralela desde donde se pagaban los sobornos) fue la de Caracas-Guarenas-Guatire, pues era la de mayor margen de lucro”.
Desde Brasil, Odebrecht respondió ante la consulta de la Alianza Investiga Lava Jato que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. “La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía.
Gomes explicó el mecanismo que usaron para alimentar las cuentas para el pago de extorsiones o sobornos, la llamada “Caja 2”, a cargo del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña.
El exejecutivo brasileño menciona tres obras fundamentales para la Caja 2: metro Los Teques Línea 2, metro de Caracas Línea 5 y metro Caracas-Guarenas-Guatire. “Estimo que, en el periodo de 2011 a 2015, el valor de la Caja 2 fue (de) entre 120 y 140 millones de dólares en estas obras del metro”, afirmó en su declaración en referencia al lucro obtenido a través de estos proyectos.
Las siguientes palabras del testimonio de Gomes son aún más claras: “En esta obra teníamos un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios y, como consecuencia, la generación para la Caja 2 fue de 13%. Las demás obras del metro, que tenían márgenes menores, en torno a 9% a 18% (sic), la posibilidad de generación de Caja 2 era muy menor”. Es decir, el margen de lucro para Odebrecht se reducía en la medida en que la compañía pagaba sobornos a través de los contratos ficticios realizados con empresas asociadas a los sobornados.
La fiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, corroboró esa información cuando viajó a Brasil en julio de 2017, en una misión oficial junto a su colega Pedro Lupera, uno de los fiscales encargado de la investigación. El objetivo era interrogar a los involucrados en el caso Lava Jato.
Aunque Sifontes no pudo completar su tarea e incluso jamás logró regresar a Venezuela, debido a las amenazas de detención contra ella y Lupera, sí conoció que con ese lucro generado por el proyecto metro Caracas-Guarenas, Odebrecht no solo pagó los sobornos en Venezuela, sino también en otros países de Latinoamérica, de acuerdo con el testimonio de los ejecutivos de CNO que colaboraron con la justicia de Brasil.
La del metro Caracas-Guarenas-Guatire es la historia de un tren multimillonario que aumentó casi 600% su valor sin mover nunca ni un solo vagón. Forma parte del grupo de 24 obras de un total de 33 encargadas a Odebrecht que jamás fueron terminadas, según determinó Transparencia Venezuela. Debía haber sido entregada el 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con la memoria y cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre.
Pocas veces una amistad debió resultar tan costosa para un país. De acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela en el Informe Odebrecht 2018, el total de sobrecostos de las obras de la empresa brasileña en Venezuela alcanzó los 29.974 millones de dólares.
Esa cifra tuvo su origen en la amistad entre Hugo Chávez y Euzenando Azevedo, gerente general de Odebrecht en Venezuela.
La relación comenzó a fraguarse en la campaña presidencial de 1998, de acuerdo con el relato de los fiscales venezolanos que forman parte del expediente que adelantaba el Ministerio Público antes de la destitución de Luisa Ortega Díaz.
El exgolpista participó en una reunión para presentar su candidatura a los miembros de la Cámara Venezolana de la Construcción. Tras culminar su intervención, Chávez recibió el saludo de un brasileño. Era Euzenando Azevedo, con quien conversó durante 15 minutos.
En diciembre de 1998, ya con Chávez como presidente electo, Rafael Caldera, mandatario saliente, se alistaba a firmar un contrato con una empresa española para la construcción de la línea 4 del metro de Caracas, pese a que, según dijo Azevedo a Chávez, la licitación la ganó Odebrecht.
Azevedo buscó a Chávez para contarle lo sucedido. Conversaron sobre la obra y Chávez le hizo una promesa: “Voy a hablar con Caldera porque no sería ético que él firmara un contrato de este tamaño, el mayor del país, cuando yo ya gané las elecciones”. Agregó que revisaría la licitación y si Odebrecht era la ganadora, le sería adjudicado el proyecto, destaca uno de los informes de los fiscales basado en declaraciones de Euzenando.
Así nació una amistad muy costosa para los venezolanos, de acuerdo con la información revelada por los exintegrantes del Ministerio Público venezolanos que tuvieron acceso a la declaración del exgerente de Odebrecht en Venezuela.
El siguiente paso en la fragua de tan cara amistad también estuvo relacionado con el expresidente venezolano Caldera, pero no con su segundo y último mandato, sino con el primero y un documento que dio piso legal a la entrega a dedo de las obras a Odebrecht.
En 1973, Rafael Caldera, en el último año de su primer periodo, aprobó el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en febrero de 1974.
En septiembre de 2005, 32 años más tarde, el chavismo modificó el acuerdo complementario número 1, para incluir obras de infraestructura en las regiones Amazónica y Orinoquense de Venezuela. En ese momento, Lula Da Silva acumulaba tres años en la presidencia de Brasil.
Con ese piso legal y al menos unos cuatro memorándums de entendimiento para la construcción de infraestructura, sector eléctrico, agrario y cooperación de vivienda y hábitat, se facilitó la aprobación de proyectos, no solo a un país, sino específicamente a una empresa, Odebrecht.
Los cuatro memorándums de entendimiento fueron refrendados entre 2007 y 2009, en la época en que Chávez era el presidente; Maduro, el canciller; y Cilia Flores se encontraba al frente de la Asamblea Nacional.
“Y es mediante el mandato del presidente Hugo Chávez Frías (F) que se generaron las condiciones legales para que la empresa Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de mayor importancia de las últimas décadas en el país y en diferentes áreas que comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual se hizo por adjudicación directa”, apuntan los fiscales venezolanos en un informe al que accedió ARI.
Para completar la faena, se necesitaba una forma de asignar recursos sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Chávez encontró la fórmula al utilizar el excedente petrolero. El barril de petróleo lo presupuestaron a un monto siempre inferior a lo que terminaba marcando el promedio anual.
Todo el monto que superaba lo presupuestado quedaba a disposición del líder del chavismo, quien con solo una firma, que él mismo llamaba “la rabo de cochino”, decidía a qué obras y qué monto se le asignaba, como lo contó Gomes a la Fiscalía de Brasil.
Ese artilugio del derroche fue utilizado por Chávez para favorecer a Odebrecht. Incluso, en 2012, un año antes de su muerte, firmó puntos de cuentas -memos oficiales- que favorecieron la gerencia de Azevedo, como por ejemplo para dar más recursos para la construcción de los talleres del metro Caracas-Guarenas. De esa obra no existe nada en la actualidad.
En 2011, con el apoyo de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht encontraron otra fuente para seguir con el pago de los contratos. Se trata del fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana, gasolina, que Pdvsa realizó a Braskem, S.A., la petrolera perteneciente al grupo Odebrecht, que cobraba las deudas con la nafta exportada.
Con esos recursos financiaron obras como el tercer puente sobre el río Orinoco (nunca entregado) y, por supuesto, el inacabado metro Caracas-Guarenas-Guatire.
Ese fideicomiso lo constituyeron el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con documentos de la investigación de los fiscales Sifontes y Lupera, el mismo año en el que Azevedo observó dificultades para cobrar los montos que reclamaba.
ARI consultó al expresidente de Pdvsa, quien aseguró que “el hecho de que se haya se haya establecido algún fondo con Brasil para pagar con petróleo o productos alguna obra (no recuerdo esto del metro), era un mecanismo usual entre los países y era una manera de aumentar el intercambio comercial y penetrar mercados, pero siempre era a precios de mercado”.
Chávez, aún presidente, se encontraba en tratamiento médico por el cáncer. La administración de los recursos estaba en manos del funcionario multicargos Elías Jaua, Maduro y otros que lideraban el Gobierno.
A raíz de esa situación, el gerente general de Odebrecht en Venezuela contrató a un lobbista para ayudar a cobrar y recibir nuevos contratos. En la declaración de Gomes reluce el nombre Luis Enrique Delgado Contreras por la eficiencia de su trabajo y por los montos que cobraba.
Gomes recordó que en 2011 Azevedo le dio la instrucción de manejar la relación con Delgado, un hombre de negocios, quien tenía una oficina en Las Mercedes, en la que ya no opera.
“Luis Delgado usaba su poder de influencia para la aprobación de recursos para nuestros proyectos. Consecuentemente recibía las facturas de la compañía cuyo pago estaba atrasado; y en la aprobación de contratos adicionales que fueran de nuestro interés”, contó Gomes.
El alcance de las gestiones del lobbista permitía a los gerentes de Odebrecht conocer el contenido de los puntos de cuentas -memos oficiales- antes de que fueran firmados y, por lo tanto, cambiar y poner a su favor lo que les interesaba.
En los allanamientos de febrero de 2017 a las oficinas de Odebrecht, los funcionarios encontraron documentos que solo debían estar en los archivos de la presidencia del metro de Caracas y Los Teques, del Ministerio de Transporte y Comunicación o del Palacio de Miraflores.
Delgado recibió una comisión de 2% de todo lo que ingresó a las cajas de Odebrecht. Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7,7 millones de dólares, mientras que el lobbista obtuvo 100 millones de dólares.
El segundo lobbista fundamental en esta historia es Héctor Dáger, un abogado que gestionó el cobro de facturas y proporcionó información a Odebrecht sobre el proyecto Tocoma y la empresa Electricidad del Caroní (Edelca).
Aunque también cobraba 2% de todo el dinero que ingresaba a la compañía brasileña gracias a sus actividades e influencias, entre 2006 y 2009, llegaron a sus cuentas 28 millones de dólares, según la información de los fiscales venezolanos en el exilio. Es decir, 72 millones de dólares menos que lo atribuido a Delgado.
Luis Delgado también fue fundamental en la relación con Haiman El Troudi, expresidente del metro de Caracas y exministro de Transporte y Comunicación. El Troudi aprobó 14 de las 25 modificaciones realizadas al contrato inicial en su gestión frente al metro de Caracas.
Los testimonios documentales recogidos por fiscales brasileños y venezolanos y un proceso abierto en la Fiscalía General de la República establecen que existió un vínculo de negocios entre Delgado y El Troudi; con la esposa del exministro, María Eugenia Baptista Zacarías; y con su suegra Elita del Valle Zacarías. A las dos mujeres les enviaron 16,3 millones de francos suizos desde la cuenta de la empresa Alfa International, S.A., una de las firmas usadas por Odebrecht para repartir comisiones en los lugares donde tenían obras acreditadas en América Latina y África, de acuerdo con el testimonio de Euzenando Azevedo en Brasil.
De acuerdo con información de personas cercanas a El Trouddi, hoy exonerado de cualquier investigación en Venezuela, su esposa y él pasan los días entre Aruba, Santa Lucía, San Martin y un barco con autonomía para navegar por un mes en el Caribe.
