En el nuevo informe publicado hoy, Curazao: Pocas mejoras en la protección de las personas venezolanas, Amnistía Internacional concluye que la situación de las personas venezolanas que buscan protección en Curazao no ha mejorado sustancialmente desde la publicación del informe Sin seguridad todavía, en 2021. A pesar de los pequeños pasos que han dado las autoridades de Curazao, éstas continúan negando protección a las personas venezolanas, entre ellas niños y niñas, y las siguen deteniendo automáticamente en condiciones inhumanas.
Amnistía Internacional ha hecho durante más de un año el seguimiento de los casos de cuatro hombres y una mujer cuyas historias se habían incluido en el informe de 2021 y los entrevistó de nuevo entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. Su situación el último año no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado en algunos casos, como el de Yusmary, que estuvo en detención relacionada con la inmigración cinco meses en 2022, o el de José, quien, después de haber estado detenido casi un año en 2020 y 2021, aún no tenía noticias de su solicitud de asilo: “Me siento encerrado todavía a pesar de que ya no estoy en la prisión. No quiero quedarme en Curazao. Quiero ir a otro país y pedir asilo allí”, dijo.
Persisten los principales motivos de preocupación
Más de siete millones de personas venezolanas han huido de la crisis de derechos humanos en su país, lo que convierte esta crisis de desplazamiento forzado en una de las mayores del mundo. Curazao, isla caribeña próxima a Venezuela que pertenece al Reino de los Países Bajos, es uno de sus países de destino. Se calcula que 17.000 personas venezolanas viven en situación migratoria irregular en la isla.
Amnistía Internacional reconoce que las autoridades de Curazao han dado pequeños pasos para mejorar la situación de los derechos humanos de las personas venezolanas que buscan protección. En 2019 establecieron un procedimiento de protección que ha mejorado las entrevistas destinadas a evaluar las necesidades de protección internacional. Sin embargo, sigue siendo difícil acceder a este procedimiento porque las autoridades no garantizan el acceso a la información y a la asistencia jurídica, especialmente a las personas detenidas por motivos de inmigración. Por otra parte, ni una sola persona ha recibido protección desde la introducción de este procedimiento, pues las autoridades consideran que las personas venezolanas no tienen necesidades de protección ni corren peligro si son devueltas a su país. En la práctica, el procedimiento de protección se usa como vehículo para denegar las solicitudes de protección, lo que es contrario a su propia finalidad.
Aún no hay centros de acogida abiertos para quienes solicitan protección. Aunque existe un nuevo “cuartel de los extranjeros” (el centro de detención ubicado en el interior del Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou), las personas que solicitan protección, incluidas las menores de edad, siguen siendo detenidas sin revisión judicial, lo que vulnera el derecho internacional de los derechos humanos. La detención automática y las condiciones inhumanas en el cuartel de los extranjeros, como la reclusión en una celda la mayor parte del día y la ausencia de actividades lúdicas, siguen siendo disuasorias para quienes inician el procedimiento de protección o siguen su tramitación.
Llamamientos de Amnistía Internacional
“Vemos los pasos que han dado las autoridades de Curazao para mejorar la situación de los derechos humanos de las personas venezolanas que buscan protección en Curazao. Pero no son suficientes. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos y el Reino de los Países Bajos debe prestar su apoyo a tal fin”, declaró Dagmar Oudshoorn, directora de Amnistía Internacional Países Bajos.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Curazao que garanticen los derechos de las personas venezolanas que buscan protección. Las autoridades deben establecer un procedimiento de asilo justo y efectivo que cumpla las normas internacionales, y garantizar el acceso al mismo. Deben, con carácter urgente, poner fin a la detención automática de las personas que buscan protección y dejar de detener a niños y niñas, pues la detención de éstos nunca atiende a su interés superior. Además, el gobierno de Países Bajos debe evaluar los riesgos en materia de derechos humanos del apoyo que presta a las autoridades de Curazao y establecer unos criterios vinculantes en relación con estos derechos.
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