A bordo de un avión que lo llevaría en 2019 de Cochabamba hasta El Alto en Bolivia, Jhasmani Ramiro Torrico Leclere, más conocido como el «abogado torturador», sonreía a la cámara como si se estuviera yendo de vacaciones. En su gesto no se notaba ningún temor porque pronto pasaría a ser un reo más de la cárcel de Chonchocoro, reservada solo para los delincuentes más peligrosos de Bolivia. A su llegada no cambió la figura, a los periodistas que esperaban en el aeropuerto les dijo que «encantado» hablaría con ellos, pero que no le dejaban, por lo que gestionaría un permiso con el gobernador del penal para poder conceder entrevistas.
Torrico, que ya era tristemente célebre en Cochabamba por sus fechorías, se hizo conocido en todo el país tras difundirse a inicios en 2019 varios videos en los que se muestra cómo operaba bajo el amparo de ser abogado. Las imágenes, que solo son dos cuentas de un largo rosario de crímenes, muestran al abogado intimidando a dos personas que habían contraído deudas con sus clientes, a uno de ellos lo amenaza de muerte, al otro lo golpea, siempre acompañado de sus cómplices, un grupo de matones.
Jhasmany Torrico ya planteaba una “declaración de principios” desde su mismo despacho, en el que no estaba colgado algún cuadro religioso, el de los libertadores o una estatua de Temis, diosa de la Justicia. En vez de ellos, en la pared atrás de su escritorio, estaban: Al Pacino, en su papel de Tony Montana en Scarface, y a ambos lados otros dos mafiosos de ficción: el mismo Al Pacino, esta vez como Michael Corleone, y Marlon Brando como Vito Corleone, personajes de las películas de ‘El Padrino. Quién se sentaba delante de él seguramente recibía el mensaje: aquí la ley es la del más fuerte, reseñó en 2019 el diario boliviano El Deber.
Pero era más que unos cuadros, Torrico se comportaba como un mafioso en la vida real y recurría a esos métodos casi convencido de que siempre viviría en la impunidad. A la tortura, como método de acción, se sumó la conformación de una red de corrupción en la que estaban implicados miembros de la Policía, el Ministerio Público y la justicia. A pesar de ello, dos de sus víctimas lograron ser escuchadas.
Jhasmany Torrico terminó encarcelado por dos procesos a finales de 2018. El primer caso es acusado de haber torturado a un mecánico, al que llegó a electrocutar y amenazar con que violaría a su hija para que firmara un desistimiento del cobro de una deuda de $us 20.000; el otro es por un pleito con su padrastro, que fue el que le dio el apellido cuando era niño, por un litigio relacionado al despojó de su casa.
Sin embargo, sus actividades ilícitas no acabaron cuando terminó en prisión. Desde el penal de El Abra, en Cochabamba, seguía controlando la red de extorsión que había logrado enquistarse en los juzgados de la Llajta.
Solo la difusión de los videos y el repudio generalizado, tras su viralización, provocó que se frenara las acciones de este abogado, cuya licencia seguía vigente al momento del escándalo.
Sentencia
En 2021, dos años después de su detención, el abogado “torturador” Jhasmani Torrico fue sentenciado a seis años y seis meses de cárcel por secuestro y lesiones a un mecánico, a quien torturó, secuestró y amenazó hasta que logró que firmara un documento en el que acepta haber recibido la devolución de $us 20.000 de un anticrético sin haberlo hecho.
La fiscal del caso, Faridy Arnez, expresó su rechazo a la decisión judicial, porque había pedido una condena de 13 años de cárcel debido a la gravedad del delito y el daño provocado a la víctima y su familia.
“Los jueces van a tener que explicar en su resolución, debidamente, en base a qué pruebas han determinado que este delito no tiene la gravedad que el Ministerio Público ha evidenciado durante las investigaciones”, señaló.
Videos que circularon en redes sociales mostraban a Torrico golpeando a sus víctimas para que paguen deudas o como en el caso del mecánico firmaran documentos de devolución de dinero, sin haber recibido nada.
Tras haber permanecido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz, fue trasladado al penal San Sebastián de Cochabamba. Estuvo gran parte de su detención en el hospital debido a problemas en una de las piernas.
Torturador en limusina
En agosto de 2022, el abogado Jhasmani Torrico, más conocido como «el abogado del diablo», llegó en una limusina a una audiencia en el juzgado de Sacaba Cochabamba. El jurista es defensor de un hombre que es acusado por la muerte de una pareja de la tercera edad que era prestamista.
Torrico fue filmado cuando bajaba de una limusina, en inmediaciones del Juzgado de Sacaba. El jurista fue beneficiado con detención domiciliaria el 6 de julio de 2022, en las imágenes se observa la presencia de un custodio policial que también desciende del vehículo de lujo. Las imágenes fueron captadas por unos vecinos.
En la sala de sentencia penal 1 de esa jurisdicción, mientras se desarrollaba el juicio, el abogado impidió el trabajo de la prensa argumentando la Convención Americana de Derechos Humanos y el pacto de San José de Costa Rica.
La juez manifestó que, sin la autorización de las partes, no se podía grabar el juicio, por lo que los medios fueron retirados de la sala.
El caso que se juzgó habría ocurrido hace cuatro años. Una pareja de ancianos presuntamente fue asesinada por el defendido de Torrico. La familia de la víctima pide que el caso no quede en la impunidad y manifestaron que se sienten amedrentados por la defensa del acusado.
Por ese hecho violento, ocho personas fueron aprehendidas. El principal acusado, de nacionalidad venezolana, tiene como abogado a Torrico.
Según la familia de la víctima, Torrico presentó acciones y solicitudes para suspender el juicio en varias oportunidades.
El 6 de julio, la justicia determinó beneficiar al «abogado del diablo» con detención domiciliaria luego de haber recibido una sentencia de seis años y seis meses, en otro proceso, por secuestro y lesiones a un mecánico. El jurista torturó, secuestró y amenazó a su víctima para hacerle firmar documentos por la devolución de un dinero que no ocurrió.
Compra de jueces y fiscales
El mismo abogado Jhasmani Torrico Leclere reconoció en un vídeo en 2019 que había conformado un cártel en Bolivia integrado por jueces y fiscales corruptos a quienes pagaba miles de dólares para que tomaran medidas y dictaran fallos acordes a los intereses de Torrico.
