La condena prevista para el 26 de enero de 2026 puede marcar un precedente judicial internacional, reforzando la estrategia de Estados Unidos contra las redes híbridas de crimen organizado y poder político en América Latina.
El juez Alvin K. Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aprobó la solicitud presentada por los fiscales federales Kaylan Lasky, Kevin Sullivan y Bradley Nicholas para posponer la audiencia de sentencia del exjefe de inteligencia venezolano Hugo Armando “El Pollo” Carvajal Barrios.
Inicialmente prevista para el 19 de noviembre de 2025, la nueva fecha quedó fijada para finales de enero de 2026, con el objetivo de realizar una audiencia Fatico de varios días antes de dictar la sentencia definitiva
La decisión, formalizada el 4 de noviembre de 2025, responde a la extensa lista de objeciones presentadas por la defensa, que cuestionan casi la totalidad del Informe Previo a la Sentencia (IPS) elaborado por la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos.
¿Qué objetó la defensa?
El abogado del acusado envió una carta al tribunal en la que rechaza los aumentos de pena propuestos en el informe, alegando que su cliente solo reconoció participación en una conspiración limitada a cinco kilogramos de cocaína, y no los 450 kilogramos atribuidos por la Fiscalía.
Entre las principales objeciones destacan:
Uso de armas de fuego: la defensa niega que Carvajal haya portado o poseído armas.
Violencia o amenazas: rechaza el aumento de pena por el presunto uso o amenaza de violencia.
Uso de aviones privados: niega que Carvajal haya coordinado vuelos con cocaína, alegando que fueron los cómplices quienes los emplearon.
Mantenimiento de locales para narcotráfico: objeta el cargo de haber administrado un sitio para procesar o distribuir drogas.
Intimidación de testigos y obstrucción: rechaza cualquier participación en manipulación de pruebas o amenazas a testigos.
Abuso de cargo público o liderazgo criminal: niega haber usado su rol militar como “habilidad especial” o liderazgo dentro de la estructura criminal.
En resumen, la defensa rechaza todos los ajustes al alza en el nivel de delito, que podrían incrementar drásticamente la pena final.
El argumento del Gobierno: una conspiración a gran escala
Por su parte, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que Carvajal no fue un participante menor, sino una figura clave dentro del Cartel de los Soles, estructura integrada por oficiales de alto rango de la Fuerza Armada venezolana que facilitaban el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos en colaboración con las FARC.
El Gobierno alega que los hechos del IPS —respaldados por pruebas y testimonios de cooperantes— demuestran que Carvajal:
Coordinó operaciones aéreas con cargamentos de cocaína.
Mantuvo instalaciones dedicadas al almacenamiento y distribución de drogas.
Usó su rango militar para proteger las operaciones y obstruir investigaciones.
Participó en un patrón de conducta criminal sostenida como medio de subsistencia.
Ante la magnitud de las disputas fácticas, los fiscales solicitaron una audiencia Fatico de al menos cuatro días, en la que se presentarán testimonios de agentes federales, informantes y documentos clasificados para sustentar las acusaciones.
Una audiencia Fatico decisiva
La audiencia Fatico —que antecede a la sentencia final— será el escenario donde ambas partes debatirán los hechos en disputa ante el juez Hellerstein.
Su propósito es permitir que el tribunal determine con precisión los elementos de la conducta criminal antes de fijar la condena, que podría oscilar entre 20 años y cadena perpetua.
La defensa aceptó el aplazamiento y no se opone a la extensión del proceso, consciente de que este paso podría definir la magnitud de la pena o abrir margen para futuras apelaciones.
El caso de Hugo “El Pollo” Carvajal es considerado uno de los procesos más emblemáticos contra el narcotráfico estatal venezolano.
Su desenlace impactará directamente en las investigaciones que apuntan al Cartel de los Soles, red que conecta a militares activos y retirados con carteles colombianos y estructuras aliadas en Cuba y Nicaragua.
La sentencia prevista para el 26 de enero de 2026 podría marcar un precedente judicial internacional, reforzando la estrategia de Estados Unidos contra las redes híbridas de crimen organizado y poder político en América Latina.