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El juez Robert Summerhays del Tribunal del Distrito Oeste de Louisiana descubrió que la administración de Biden no siguió los procedimientos correctos para poner fin al mandato.

Redacción | CNN

Un juez federal en Louisiana impidió por ahora que el gobierno de Joe Biden pusiera fin a una restricción pandémica de la administración de Donald Trump, conocida como Título 42, en la frontera entre Estados Unidos y México, frustrando los planes para terminar con la controvertida autoridad de salud pública.

Desde que asumió el cargo, la administración del presidente Joe Biden ha seguido confiando en el Título 42, una medida de salud pública invocada al comienzo de la pandemia de coronavirus que permite a los funcionarios fronterizos rechazar a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

Sin embargo, a principios de abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron planes para rescindir la orden. Los CDC indicaron en ese momento que ya no es necesario dadas las condiciones actuales de salud pública y la mayor disponibilidad de vacunas y tratamientos contra el covid-19. La política estaba programada para finalizar este 23 de mayo.

Pero a solo unos días de que el Título 42 finalizara este mes, el juez Robert Summerhays del Tribunal del Distrito Oeste de Louisiana descubrió que la administración de Biden no siguió los procedimientos correctos para poner fin al mandato y argumentó que si bien la administración puede invocar una acción en condiciones de emergencia, aquellos pueden no aplicarse con respecto a su terminación.

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«En pocas palabras, los CDC no han explicado cómo las circunstancias actuales impidieron que los CDC emitieran la orden de rescisión a través del proceso de notificación y comentarios requerido bajo la APA», escribió Summerhays, refiriéndose a la Ley de Procedimiento Administrativo.

La disposición de salud pública, concluyó el juez, no está exenta del proceso de notificación y comentarios, que potencialmente puede llevar meses. La autoridad de salud pública, que ha sido ferozmente criticada por los defensores de los inmigrantes, seguirá vigente por ahora.

Lee Gelernt, abogado de la ACLU que lidera las demandas contra el Título 42 en Washington, calificó el fallo de «incorrecto».

“El fallo es incorrecto, inconsistente con el juicio considerado de los CDC, y debe ser apelado de inmediato por la administración. La demanda es el colmo de la hipocresía; los estados que la presentaron solo parecen querer restricciones de COVID cuando se trata de solicitantes de asilo», dijo en un comunicado.

“A pesar de esta orden judicial, una orden judicial paralela en Washington prohíbe el uso del Título 42 para expulsar a familias que enfrentarían persecución o tortura”, agregó Gelernt.

El fallo se deriva de una demanda presentada por Arizona, Louisiana y Missouri en abril contra la decisión de la administración Biden de poner fin al Título 42. Más de una docena de estados, en su mayoría liderados por el Partido Republicano, se unieron más tarde a la demanda.

La semana pasada, Summerhays escuchó los argumentos del caso en una audiencia de más de dos horas, centrándose en gran medida en sus preguntas sobre el daño a los estados y si la administración siguió los procedimientos adecuados, y señaló que las condiciones de emergencia han cambiado, lo que podría permitir la participación externa. Summerhays había impedido temporalmente que la administración cancelara la orden de salud pública antes de la fecha de finalización.

 

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